Un proyecto de ley de alquileres para impedir que los inquilinos paguen gastos de gestoría y limitar el porcentaje de honorarios en el primer año de contrato fue presentado hoy en la Legislatura bonaerense.

El autor de la iniciativa, el senador del Frente de Todos Francisco Durañona explicó esta tarde que “el espíritu del proyecto es quitarle presión a los inquilinos en cuanto a gastos que verdaderamente no corresponden que los asuman”.

Asimismo, el legislador explicó que «hay modelos contractuales que generaran el famoso ´tómalo o déjalo´”. “Esos contratos de adhesión en los que no hay posibilidad alguna que quienes quieren alquilar puedan discutir ni una coma del contrato y se encuentran en una situación de enorme vulnerabilidad», afirmó.

El texto, expresa en sus fundamentos que los corredores y martilleros profesionales tendrán la obligación «de visibilizar los derechos» de los inquilinos «exhibiéndolos en sus mostradores y/o páginas web».

«Esta iniciativa persigue el objetivo de equiparar derechos en forma justa, para que no haya desigualdad entre las partes y salvaguardar los derechos de un sector de la población, en el que no se genere vacío interpretativo alguno que perjudique en la práctica y acción a la parte más débil», precisa el proyecto.

En este sentido, el senador aseguró que este proyecto «tiene que ver con desarraigo, la falta de oportunidades educativas, sanitarias, de saneamiento, condiciones de hábitat y uno de los aspectos centrales entre conectividad y transporte es el acceso justo al hábitat».

«Hemos recuperado una agenda tremenda para los intereses de las familias del interior, que es volver a la construcción de viviendas a través de créditos hipotecarios a tasa cero y desarrollos de emprendimientos inmobiliarios donde el Estado cumple un rol determinante», afirmó Durañona.

Por otro lado, la propuesta establece que los costos de gestoría, como la solicitud de informe de dominio en el Registro de la Propiedad, las certificaciones de firmas, la averiguación de informes de garantía y cualquier otro gasto relativo a los trámites por locaciones de inmuebles urbanos o rurales no podrán ser requeridos a los locatarios.

«También se fija que en locaciones con destino urbano y rural se cobrará en concepto de honorarios hasta un 4% a cargo del locador/a, sobre el monto total correspondiente al primer año de contrato», detalla el escrito.

Por su parte, desde la Unión de Consumidores de Argentina, Adriana Malek, destacó que la iniciativa «pone énfasis en la transparencia de las operaciones y el deber de información por parte de quienes tienen a cargo las operaciones inmobiliarias».

«Se hace indispensable visibilizar los gastos que conlleva para el locatario un contrato de alquiler y mediante este derecho a la información estaríamos neutralizando esta asimetría, evitando situaciones desfavorables para el inquilino”, destacó Malek.

«Se ha puesto un límite al porcentaje de honorarios y que se aplique sobre el monto total en el primer año de locación, y se incorpora la eximición de gastos en la etapa previa de la operación, lo que aliviaría en gran parte el monto que debe pagar el inquilino para ingresar a locación», concluyó la referente de la Unión de Consumidores de Argentina.