Las explicaciones públicas de Manuel Adorni sobre parte de su patrimonio abrieron un nuevo frente judicial. El fiscal federal Gerardo Pollicita dispuso una serie de medidas para establecer el origen de activos en criptomonedas que el funcionario reconoció recientemente y que no figuraban en sus declaraciones previas ante los organismos de control.

La pesquisa se activó a partir de las manifestaciones del propio integrante del Gobierno nacional, quien admitió la existencia de fondos vinculados a inversiones en activos digitales. En ese marco, la fiscalía requirió la intervención de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (Dafi) para examinar la información relacionada con la incorporación de aproximadamente 500 mil dólares al patrimonio declarado por Adorni.

Uno de los principales puntos de interés para los investigadores corresponde a una ganancia de 300 mil dólares atribuida a operaciones con Bitcoin. Según explicó el funcionario en una entrevista televisiva, esa rentabilidad surgió de inversiones realizadas durante los últimos años en el mercado de criptomonedas.

De acuerdo con su versión, el inicio de esas operaciones se remontó a 2013. Adorni sostuvo que junto a su esposa destinó entonces una inversión inicial de 200 mil dólares para adquirir activos digitales.

La fiscalía también avanzó sobre el patrimonio familiar. Entre las medidas previstas figura el requerimiento de la declaración jurada reservada de Bettina Angeletti, esposa del funcionario. El objetivo consiste en cotejar la información disponible en distintos organismos estatales y reconstruir la evolución patrimonial del matrimonio.

El propio Adorni atribuyó la ausencia inicial de esos activos en sus presentaciones oficiales a una equivocación administrativa. Durante una entrevista televisiva reconoció: «Hago un mea culpa, por supuesto que cometí un error».

Además, intentó justificar el origen de sus ahorros al señalar que «toda la vida en negro, como lo ha hecho la mayoría de los argentinos». También afirmó que la totalidad de sus bienes provino de más de dos décadas de actividad profesional en el ámbito privado.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito quedó bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo. El expediente incorporó ahora nuevos elementos que contrastaron con declaraciones realizadas meses atrás desde la Casa Rosada, cuando Adorni aseguró que «todo lo que tiene que estar declarado está declarado».

La situación judicial del funcionario no se limita al análisis de sus activos digitales. Los tribunales también revisan su relación con un periodista que recibió contratos estatales y que costeó un viaje privado de la familia. Paralelamente, Adorni y su esposa solicitaron ingresar al nuevo esquema simplificado del Impuesto a las Ganancias.

Con las nuevas medidas en marcha, la fiscalía buscará determinar si existe documentación que respalde los fondos informados y si la trazabilidad de las operaciones con criptomonedas coincide con la evolución patrimonial declarada por el funcionario. El resultado de esos peritajes podría convertirse en una pieza central de la investigación durante las próximas semanas.