El precandidato a jefe de gobierno por la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, entre sus propuestas electorales, plantea el uso de la Taser civil para mujeres amenazadas.
El Ministro de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a pesar de asumir que es una propuesta controvertida, afirmó que es necesario adquirir pistolas Taser de uso civil para las víctimas de violencia de género que de manera voluntaria quieran tenerla o bien el juez se las adjudique. Son armas distintas a las que usan las fuerzas policiales; y que serían una especie de botón antipánico y arma defensiva.
Se trata de una Taser Bolt 2, que es un arma que dispara dos dardos que descargan energía por 30 segundos. Justamente la intención es disparar hasta 4 metros de distancia del agresor. Al momento de dispararse, el arma emite como si fuera un botón antipánico, una alerta al centro de monitoreo para señalizar que fue activada y que, por lo tanto, la víctima está en riesgo.
La activación de la Taser hace que el agresor quede paralizado durante 30 segundos. La víctima pueda escapar y la policía, mediante el alerta, puede llegar al lugar. La taser, a través de un GPS, determina dónde está el agresor.
Jorge Macri considera que ante los fracasos entre el sistema judicial y el Estado para proteger a las víctimas de violencia de género, es una alternativa para analizar y debatir. Lo cierto es que se necesitan cambios para revertir los tenebrosos números que lanzan las encuentas:
Durante el año pasado, una mujer cada 28 horas fue asesinada en contexto de femicidio. En total fueron 249 víctimas. Los registros oficiales señalan que en 2022 hubo 125.000 llamadas a la línea 144. Fueron unas 340 llamadas por día pidiendo asesoramiento o auxilio en cuestiones de violencia de género. En el 60% de los casos son personas integrantes de la familia, parejas o exparejas. En lo que va de 2023, según el observatorio, «Ahora sí que nos ven«, ya hay 99 femicidios registrados. Y 71 niños que han quedado en situación de orfandad.
La polémica está instalada, y esto plantea la ausencia del Estado ante las graves falencias por no poder asistir a las víctimas que en el 14% de los casos ya habían hecho denuncias y judicializado la agresión que reciben de sus víctimas. En ninguno de esos casos recibieron una respuesta concreta.
