El actual régimen de enjuiciamiento para las personas mayores de 16 años y menores de 18 se encuentran regulado por el Régimen Penal de Minoridad, previsto en las leyes 22.278 y 22.803, y los respectivos códigos procésales. El mismo se basa en un sistema tutelar o asistencial en donde el menor es considerado como un incapaz de defenderse, y como consecuencia de ello queda exento de sanciones penales –aun en casos de graves delitos- hasta que hayan alcanzado la mayoría de edad. El menor queda a disposición de un único juez -el mismo que interviene en los delitos de mayores de edad-, quien cuenta con facultades tuitivas que en muchos casos excede el motivo de su intervención, que es la situación de conflicto del menor con la ley penal”, explicó Juan Pedro Tunessi.

“Esto –continuó- trae aparejado graves problemas de índole constitucional, entre los que caben destacarse los siguientes: Se restringe la posibilidad de recurrir las decisiones del juez hasta la aplicación de la sentencia definitiva; por otro lado, la disposición del menor por parte del juez es una sanción encubierta, por lo que es dable que pueda ser revisada. Cabe destacar también que el “Asesor de menores” cumple funciones contrapuestas ya que por un lado “defiende” al acusado (al menor), y por el otro dictamina si éste debe ser sometido a una medida de seguridad”

“Además, es necesario reformular las competencias en materia de menores, confiriendo todas las potestades en materia de resguardo y reeducación a los organismos estatales especializados, debiendo quedar como única función del juez de menores el de juzgar la conducta y eventual responsabilidad penal de aquel o aquella joven que presuntamente a delinquido”, sostuvo Juan Pedro Tunessi.

“Frente a esta situación es imprescindible elaborar un régimen legal que sea respetuoso de las garantías constitucionales, y resguarde los derechos de los menores en cuanto sujetos de derecho, y permita a aquellos que han entrado en conflicto con la ley penal una rápida y eficaz resocialización, evitando que puedan ingresar en una nefasta espiral delictiva. Por tal motivo urge el tratamiento de todas las iniciativas vinculadas con la temática de la minoridad”, señaló Tunessi.

“La nueva norma, deberá necesariamente incorporar los institutos propios de la materia penal así como también, la posibilidad de que los menores puedan acceder a beneficios tales como la suspensión de juicio a prueba y la mediación”, concluyó.