La Comisión Interministerial creada por la ley provincial 13298, de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, que preside el Ministro de Desarrollo Humano, Jorge Varela, se dirigió a los senadores y diputados nacionales que representan a la Provincia de Buenos Aires, instando a que reformen la actual ley 22278 que establece el "régimen penal de la minoridad" actualmente vigente y la reemplacen por una legislación sobre responsabilidad penal juvenil que se adecue a los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”.

En una carta que lleva la firma del ministro Varela, del jefe de Gabinete provincial, Mario Oporto (quien es vicepresidente de la Comisión) y Cristina Tabolaro, subsecretaria de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, se señala que “esta nueva legislación deberá asegurar que los adolescentes a quienes se impute la comisión de un delito tengan asegurado un juicio en que se les reconozcan plenamente las garantías constitucionales y, sobre todo, que instaure un sistema de sanciones que tenga en cuenta su edad y la importancia de promover que el adolescente que ha sido declarado culpable de transgredir la ley penal, se reintegre a la sociedad y asuma una función útil en ella”.

La Comisión Interministerial para la Promoción y Protección de los Derechos del Niño está integrada por los representantes de los ministerios y las secretarías del Gobierno provincial que se ocupan de cuestiones vinculadas con la niñez y la adolescencia. La ley 13298 le encomienda coordinar las políticas para asegurar el goce pleno de los derechos de los niños y optimizar los recursos del Estado provincial dedicados a la infancia y a la adolescencia.

Este organismo del Gobierno provincial considera que la Legislatura bonaerense ha puesto en línea la legislación provincial con la sanción de la ley 13298, que crea el Sistema de Promoción y Protección de los Derechos del Niño y de su complemento, la ley 13634, que regula la actuación de la Justicia de Familia y del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil. Esta ley instaura un procedimiento para juzgar a las personas menores de 18 años a las que se les imputa la comisión de un delito que respeta las garantías constitucionales, con la incorporación de los jueces de garantías, los jueces de responsabilidad penal juvenil y fiscales y defensores especializados.

También ha establecido plazos acotados para el período de investigación previo al juicio. Además, señala nuevas medidas que puede disponer el juez o el tribunal a los menores de 18 años a los que se encuentre responsables de conductas delictivas. Entre esas disposiciones, se cuentan la orientación y el apoyo socio-familiar; la obligación de reparar el daño; la prestación de servicios a la comunidad; la imposición de reglas de conducta; la libertad asistida; el régimen de semilibertad y la privación de la libertad en institutos especializados para adolescentes. Esta medida se utilizará, de acuerdo con lo que establecen las reglas internacionales de derechos humanos, sólo como último recurso y por el más breve tiempo posible.

El organismo del Gobierno provincial considera que la nueva legislación tiene muchas limitaciones para su aplicación mientras no se cambie la ley todavía vigente en el nivel nacional, la 22278. Esta ley fue sancionada en 1980, durante la dictadura militar. Se guía por los criterios del patronato, que permite a los jueces de menores internar a los adolescentes por evaluar que se encuentran "en peligro moral o material". Afirma para los jóvenes el mismo tipo de sanciones que para los adultos, es decir la privación de la libertad.

Por eso ha reclamado su urgente cambio por una nueva ley de responsabilidad penal juvenil, en cartas dirigidas a cada uno de los senadores y diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires.