"No es posible que Videla esté un día más en su casa", dijo el abogado que representa a las Abuelas. "Es inaudito que el máximo genocida de la historia esté gozando de estos privilegios", agregó.

María Isabel "Chicha" Chorobik de Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, solicitará que el dictador Jorge Rafael Videla sea condenado a 50 años de prisión y se lo traslade inmediatamente a un establecimiento dependiente del Servicio Penitenciario Federal.

Con el patrocinio del abogado Alejo Ramos Padilla, la dirigente de "Abuelas" efectuó la petición y requirió que pase a la etapa del juicio oral y público la causa en la que Videla está procesado por la implementación de un "plan sistemático para la apropiación de bebés" durante la última dictadura militar.

"Chicha", acompañada por otras Abuelas de Plaza de Mayo, nietos y dirigentes de organismos de derechos humanos, se entrevistaron este mediodía con el juez federal Norberto Oyarbide, interinamente a cargo del juzgado federal 7 en el que, años atrás, el ex juez Adolfo Bagnasco procesó a Videla y otros jerarcas militares.

"No me explico cómo puede ser que aquellos que han participado en el secuestro sistemático de nuestros nietos y otros delitos aberrantes y han pretendido y pretenden lograr la impunidad puedan ser beneficiarios con esta excepción", dijo la mujer en diálogo con la agencia oficial Télam.

"Muchas de nosotras ya han fallecido sin obtener una mínima respuesta judicial, mientras que el genocida Jorge Rafael Videla continúa en su casa amparado en elucubraciones jurídicas inadecuadas y contrarias a los más elementales principios de justicia que se han utilizado desde los estrados judiciales para mantener la impunidad".

CÁRCEL COMÚN

Ramos Padilla sostuvo que "no es posible que Videla esté un día más en su casa (donde cumple prisión preventiva domiciliaria en razón de su edad) en estos tiempos donde se discute si es posible o no darle la morigeración de la pena de prisión a determinados delincuentes, es inaudito que el máximo genocida de la historia esté gozando de estos privilegios".

El letrado enfatizó que "todavía existen más de 400 chicos que siguen privados de su identidad y continúan sufriendo los efectos de los delitos cometidos por los ex jerarcas militares" del autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional" que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976.

En esta causa se acreditó judicialmente la existencia de un "plan sistemático" para la apropiación de bebés nacidos cuando sus madres estaban en ilegal cautiverio en centros clandestinos de detención donde funcionaban dependencias perversamente denominadas "maternidades" y luego entregados a represores