El Presidente estuvo recibiendo sus primeras denuncias, agravadas principalmente por sus desatinos en Llao-Llao. En paralelo, la Comisión de Juicio Político en diputados sufre la turbulencia del ‘factor Pagano’.
El discurso de Javier Milei en el foro de empresarios de Llao-Llao fue desatinado en varios sentidos, principalmente porque pareció olvidarse de la presencia de las cámaras que lo grabaron en cada traspié. La cadena nacional ofrecida por el Presidente el lunes, fue la cereza del pastel que necesitaron sus denunciantes.
La denuncia más potente, gira en torno a su frase en Llao-Llao que ponderó a quienes fugaban: «Son heroes», dijo. Por esto, El ex camarista federal Eduardo Freiler lo denunció.
«Se les van los dólares, entonces ponen controles de capitales, entonces el que fuga ya es un delincuente. Es un héroe!, el que fuga es un héroe, no importa de dónde venga la plata», había dicho el Presidente en esa oportunidad, evadiendo sus funciones como servidor público.
En ese discurso, también había dicho: «¿Qué le recomendarías a tu cliente? Ahora me pongo el traje de economista: `comprá dólares`, después figura como fuga. Y la verdad es que si lo compran en negro, mejor. Porque así no tienen que pagar un montón de impuestos estúpidos».
LA DENUNCIA DE FREILER:
En la presentación judicial, Freiler alertó que «dado el tenor de los dichos, la vehemencia con que fueron expresados, su masiva difusión, el contexto social y la máxima magistratura del enunciante pone claramente en peligro el bien jurídico que esta norma trata de proteger: el orden público».
«Nadie como el mismísimo Presidente de la Nación puede socavar la tranquilidad y el orden público empoderando las acciones que son democráticamente impuestas como delictivas», añadió.
La causa recayó en el juzgado federal número 11, históricamente ocupado por el juez Claudio Bonadio y actualmente subrogado por Julián Ercolini.
OTRA DENUNCIA PRESENTADA POR UN NOBEL DE LA PAZ:
En un escrito de 25 páginas, que lleva la firma de reconocidas figuras de la cultura, los DDHH y la política argentina (entre los que se destacan el premio Nobel de la Paz, Adolfo Perez Esquivel; la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida; el politólogo Atilio Borón; y la investigadora Dora Barrancos, entre otros y otras), en el cual se solicita al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el inicio del proceso de juicio político contra el mandatario de ultraderecha.
En la presentación, que quedó registrado como el expediente 0031-P-2024, se hace un pedido expreso para que el Congreso de la Nación investigue tanto al Presidente como a otros funcionarios por varios posibles delitos, entre los que se enumeran: instigación a la población a cometer uno o más delitos específicos; apología del delito y la incitación a cometer delitos financieros con la posible afectación a la división de poderes; y la posible comisión del delito de apología del crimen.
Asimismo, se hace mención al delito de abandono de personas y el incumplimiento de deberes de funcionario público que tuvieron como algunas de sus consecuencias el desfinanciamiento y el desmantelamiento los recursos asignados al Plan Nacional Argentina Contra el Hambre, poniendo en peligro la vida y la salud de miles de personas que asisten cotidianamente a los comedores comunitarios; así como también la suspensión de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (la DADSE) que implicó el desfinanciamiento de los subsidios para la adquisición de medicamentos y/o elementos de tecnología biomédica para pacientes oncológicos; la malversación de caudales públicos; mal desempeño por el desfinanciamiento de la educación, entre otros puntos entre los que hay también cuestiones vinculadas a la política exterior y la soberanía territorial.
Por otra parte, tras señalar que la legitimidad de origen otorgada por el voto popular se concreta y agota al asumir el cargo, entre los argumentos centrales para solicitar el inicio del juicio político, el escrito también plantea que la puesta en vigencia del Decreto 70/2023 “configura, inexcusablemente, mal desempeño y amerita la necesidad de examinar las violaciones a la normativa penal que derivan de su dictado y menguada pero efectiva vigencia”.
Con información de Ámbito y El Diario De La Región.
