El Gobierno nacional determinó por decreto que el presupuesto destinado al régimen de Economía del Conocimiento será de $195.000 millones este año. La medida se tomó el miércoles pasado, en simultáneo con la jornada de protesta y represión en el Congreso. Este monto representa un incremento del 30% respecto al año anterior, cuando también se estableció por decreto debido a la falta de un Presupuesto aprobado desde 2023. Además, la suba supera en 10 puntos la inflación proyectada.

El ajuste convierte a esta partida en una de las que más aumentó en términos nominales hasta el momento. Se equipara al fondo especial destinado a la emergencia climática en Bahía Blanca y supera el crecimiento presupuestario de programas sociales, excluyendo la Asignación Universal por Hijo (AUH) y jubilaciones. En comparación, el proyecto de Presupuesto 2025 estima un alza del gasto total del 5,5%, con incrementos menores en áreas clave: 1,7% para Capital Humano, 2,3% para Defensa, 3,6% para el Poder Judicial y 6,3% para Seguridad.

Este régimen fue reglamentado en 2019 por la administración de Alberto Fernández como una evolución de la Ley de Software impulsada por Néstor Kirchner. Otorga beneficios impositivos a empresas dedicadas a la exportación de software, biotecnología y otros servicios tecnológicos. Si bien se lo considera un esquema atractivo para fomentar el sector, genera críticas sobre su implementación y los destinatarios de los beneficios.

Mercado Libre es la principal empresa beneficiada debido al volumen de su negocio. En los últimos tres años, recibió USD 250 millones en incentivos. El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) estableció un cupo fiscal para 2025 de $195.000 millones destinado a estos beneficios. También determinó que la asignación priorice a las empresas de menor tamaño.

En 2024, el cupo fiscal comenzó con $120.000 millones, y a mitad de año se agregaron $30.000 millones adicionales. A valores del dólar MEP proyectado para fin de año, Mercado Libre obtuvo al menos el 20% de estos fondos. Aunque el Gobierno no transparentó la información, fuentes del sector señalaron que la empresa fundada por Marcos Galperin es la mayor beneficiaria del esquema. La compañía no realizó comentarios sobre su permanencia en el régimen ni sobre la posibilidad de reinvertir los fondos en iniciativas externas.

El régimen contempla dos beneficios principales: un reintegro de contribuciones patronales para empleados registrados y una reducción del impuesto a las ganancias. Para las grandes empresas, el descuento es del 20%, mientras que para las más pequeñas alcanza el 60%. Según datos oficiales, 76 empresas grandes concentraban en 2023 el 50% de los empleados alcanzados por el régimen y recibieron la mitad del cupo fiscal asignado. Este reintegro se otorga a través de bonos de crédito fiscal aplicables exclusivamente al IVA y al impuesto a las ganancias.

Junto con Mercado Libre, otras firmas reconocidas dentro del régimen son Globant, Accenture, Despegar, Capgemini, Gire, Calipso y Nación Servicios. A pesar de que la normativa es legalmente válida, su aplicación genera cuestionamientos. Algunos sectores critican que empresas de gran envergadura accedan a estos incentivos en un contexto de ajuste fiscal. En 2024, Mercado Libre reportó ingresos por USD 21.000 millones, mientras que su fintech, Mercado Pago, sumó USD 8.600 millones. La compañía tiene una valuación de USD 105.000 millones, superior a la de todas las empresas argentinas que cotizan en Wall Street.

Desde el sector financiero remarcan que el esquema otorga subsidios a grandes empresarios cuyas ganancias no se reinvierten en el país. Según cálculos de analistas, Mercado Libre anunció una inversión de USD 3.400 millones a nivel global, pero destinó solo USD 75 millones a la Argentina, cifra similar a la que recibió en subsidios en el último año. Además, la compañía enfrenta un conflicto legal con Modo, la billetera de los principales bancos nacionales, quienes la acusan de prácticas anticompetitivas y abuso de posición dominante.

En el ámbito sindical, el Observatorio del Trabajo Informático (OTI), vinculado a la Asociación Gremial de Computación (AGC), denunció que el régimen de promoción favorece la concentración económica y que las principales beneficiarias son firmas con sede en el exterior o en paraísos fiscales. «Año a año, los subsidios quedan en manos de un grupo reducido de empresas», advirtió el director del OTI, Esteban Sargiotto. Además, cuestionó la falta de transparencia en la asignación de recursos y la ausencia de un convenio colectivo para los trabajadores informáticos.

Desde Argencon, la cámara de exportadores de servicios, defendieron el régimen y el acceso de Mercado Libre a estos beneficios. Luis Galeazzi, gerente de la entidad, aseguró que el esquema promueve el empleo y las exportaciones. «No tiene sentido segmentar por tamaño. Las grandes compañías son las que más contratan y exportan. Aunque algunos cuestionen que estas empresas no necesiten los fondos, compiten en un mercado global», argumentó.

Por su parte, Mercado Libre destacó que en 2024 sumó 1.800 nuevos puestos de trabajo y realizó una inversión de USD 75 millones en un centro de distribución. Tras la publicación de un informe en Infobae, la empresa comunicó que en los últimos tres años pagó impuestos por USD 3.600 millones.