El doctor en Sociología y ex director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) Marcelo Saín, un investigador de las fuerzas policiales, sostiene que esa renuencia se orienta a ocultar un conjunto de prácticas institucionalizadas signadas por la corrupción, la protección y la regulación de actividades delictivas cometidas cotidianamente por policías contra ciudadanos. “También se busca disimular las deficiencias en el desempeño de sus funciones, en gran medida derivadas de los anacronismos doctrinarios”, escribió en El Leviatán Azul. Policía y política en la Argentina.

La domesticación de la policía es, entonces, el gran desafío de la ministra de Seguridad, Nilda Garré. En diálogo con Miradas al Sur, la funcionaria afirmó que por ahora no ha “diseñado una reforma profunda en la policía”. “Más adelante, tal vez”, reconoció. “Pero en estos días –agregó– únicamente podemos combatir los bolsones de corrupción a través de los mecanismos de control. Nuestro mensaje es que no vamos a tolerar la corrupción.” Consultada sobre la posibilidad de nombrar un jefe civil en la Federal, la ministra fue tajante: “En ningún momento se me pasó por la cabeza”.

Garré cuenta a su favor con las cucardas ganadas tras la gestión al frente de Defensa, donde encaró un plan de modernización de los procesos y las doctrinas de las Fuerzas Armadas. Pero verdes y azules no son la misma cosa. Una fuente del ministerio lo explica de manera clara: “El tema de las fuerzas de seguridad es en este momento más crítico que el de las fuerzas armadas. A los militares, como ya no pueden dar golpes de Estado, sólo había que controlarlos con las licitaciones. En cambio, la policía tiene todos los delitos tarifados”. En esa línea se inscriben los cambios en la cúpula policial, unas de las primeras medidas de Garré al asumir. La elección de los integrantes fue realizada basándose en referencias proporcionadas por jueces, funcionarios y gente de confianza de la ministra.

Igual, Garré ya tuvo inconvenientes con la Federal. En estos días tuvo que desmentir rumores de renuncia del jefe de la fuerza, Enrique Capdevila, y del subjefe, Eduardo Di Nizo. Los dos fueron designados el mes pasado. Lo que sí ratificó la ministra es el pase a disponibilidad de ocho federales de manera preventiva, porque están procesados en una causa judicial que investiga el cobro fraudulento de adicionales. Entre ellos figura el comisario mayor Raúl Timossi, que había sido nombrado por Garré como jefe de la División Asuntos Internos. Una semana duró en el cargo. También un oficial fue pasado a disponibilidad el viernes: está acusado de la desaparición de su ex mujer, también policía. Verónica Maidana lo había denunciado por “liberar” zonas para que se cometan delitos en el microcentro porteño.

La bajada a todas las áreas del ministerio es apostar a evitar la atomización de las fuerzas de seguridad, y promover su democratización. “Es la gran deuda que la clase política mantiene con la sociedad”, reconocen desde Seguridad. La tarea no es para nada fácil y el temor a represalias está en la cabeza de los funcionarios. El informante grafica: “En cualquier momento nos pueden tirar un cadáver en el escritorio”. Tienen antecedentes para estar preocupados: incidentes en Constitución, las muertes en el Parque Indoamericano y el crimen de Mariano Ferreyra. La fuente afirma que esos hechos fueron parte de “un complot desestabilizador orquestado por lo más oscuro de la oposición”. “Afortunadamente –aclara– pudimos conjurar esa conspiración”.

HAY EQUIPO

La ex ministra de Defensa aseguró que su propósito es tener un “plan integral en el que sumemos lo moderno y capacitación de nuestros recursos humanos, y después una articulación del Estado nacional con los Estados provinciales y los municipales”. Esta semana salió publicado en el Boletín Oficial el decreto 2009/2010 que creó toda la estructura del nuevo ministerio. Cerca de Garré sostienen que la ministra designó “gente de muy buen perfil”.

“Apostamos a la eficacia”, dicen. Ya contaba con la ex fiscal Cristina Caamaño en la Secretaría de Seguridad Operativa, con Gustavo Sibilla –su segundo en Defensa– al frente de la Secretaría de Planeamiento y con Patricia Báez Rocha, también ex funcionaria de la cartera castrense, como subsecretaria de Coordinación.

Ahora se sumaron Gustavo Palmieri, que dirigió el programa de Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y trabajó también en la ONU. Garré lo nombró como subsecretario de Gestión y Bienestar del Personal de las Fuerzas Policiales. Se encargará de diseñar políticas para formar y capacitar a oficiales y suboficiales y también controlará los ascensos. No es un tema menor: el estudio de los legajos policiales es una tarea a la que le prestan suma atención.

La abogada Ileana Arduino venía trabajando con Garré desde que era diputada, y luego fue durante cinco años funcionaria de Defensa, en el área de derechos humanos. Ahora estará al frente de la Secretaría de Políticas de Prevención y Relaciones con la Comunidad. Al igual que Palmieri, fue investigadora del Cels y también en el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).

En la misma área de Arduino estarán Cecilia Laura Ales y Martha Arriola. Ales ya trabajaba en la Secretaría de Seguridad y fue ratificada en su cargo. Ahora será la subsecretaria de Prevención del Delito y la Violencia. Arriola, en cambio, estará a cargo de Relaciones con la Comunidad. Fue subsecretaria de Niñez y Adolescencia del gobierno de Daniel Scioli y se fue a fines de 2008, dando un portazo. Es que al gobernador no le gustó que la funcionaria criticara el proyecto de bajar la imputabilidad de los menores. No sólo eso: había calificado como “una catástrofe” la situación de los chicos en conflicto con la ley penal.

Elena Mariani tiene experiencia en el área de seguridad y viene del riñón de Saín, con quien trabajó doce años. Acompañó también quince meses –entre 2002 y 2003– a Juan Pablo Cafiero cuando fue ministro de Seguridad bonaerense. En ese entonces, el ministerio se enfocó en uno de los principales negocios del crimen organizado: el comercio ilegal de autopartes.

Entre 2007 y 2010 Mariani coordinó el programa Memoria, Verdad y Justicia de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense. En abril del año pasado, fue designada por la Presidenta en la Subsecretaría de Control Policial de la PSA. Su área dependía del Ministerio de Justicia, pero ahora pasó a la órbita de Garré.

Otro de los que se suman al ministerio es el policía cordobés Miguel Ángel Robles. En su provincia estaba a cargo de la División Telefonía de la Policía Judicial y es un experto en investigación criminal. Estará a cargo de la Subsecretaría de Delitos Complejos y Lucha contra la Criminalidad Organizada. Robles investigó durante veinte años el crimen de su padre: un policía al que, le habían dicho de chico, lo había asesinado Montoneros. Él descubrió que el crimen fue planeado y llevado a cabo por la propia fuerza. En la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico está Juan López Chorne.

En Seguridad hay equipo, pero el partido es largo y los contrincantes de azul son duros.

Fuente: Miradas al Sur