En el presupuesto 2022 que presentó el Ejecutivo en el Congreso Martín Guzmán dejó algo en claro: no pretende gastar un dólar para pagarle al FMI. Por eso el Gobierno apura el acuerdo con el organismo multilateral.

En ese sentido, el Frente de Todos evalúa llamar a sesiones extraordinarias en el Congreso para aprobar, entre enero y febrero, el proyecto plurianual con la reestructuración de la deuda de 44 mil millones de dólares con el FMI incluida.

Ya sin tiempo legislativo disponible y con la necesidad de contener la economía y dar señales políticas al interior del espacio en temas judiciales, el Gobierno planea llamar a Extraordinarias, informaron fuentes oficiales. El decreto que oficializará la convocatoria se publicaría entre el 22 y el 30 de este mes. Ya está vigente la nueva composición del Congreso tras la jura del 10 de diciembre de los senadores y diputados electos en los comicios de noviembre, donde el oficialismo mantuvo la primera minoría en la Cámara baja, pero perdió el quórum propia en el Senado, donde tendrá que hacer esfuerzos extra para acordar con aliados y dialogar con la oposición para sesionar.

La prioridad principal del Frente de Todos es el tratamiento de la “hoja de ruta” económica y el acuerdo con el FMI que el Presidente anunció que enviaría al Congreso en los primeros días de diciembre. Aunque con las negociaciones con el staff del Fondo aún en proceso, no hay señales aún sobre la presentación en el Parlamento del plan de garantías. En el oficialismo adelantaron que apuntan a tratarlo entre fines de enero y los primeros días de febrero.

Concluidas las reuniones en Washington entre un equipo del FMI encabezado por Julie Kozack, subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, jefe de misión para Argentina, y una delegación técnica del Ministerio de Economía y el BCRA, el fondo emitió un comunicado para anunciar que las negociaciones están avanzadas para conciliar un acuerdo.

Por caso, en los últimos días se conoció una noticia que preocupa al Gobierno: el directivo decidió no revisar las sobrecargas de las tasas de intereses que deben pagar aquellos países deudores que recibieron créditos muy por encima de la cuota que aportan como socios del organismo. Esto implica que el país argentino deberá seguir pagando más de 900 millones de dólares al año por encima de los capitales e intereses pactados.