El líder del sindicato de los camioneros, Hugo Moyano, declaró durante una hora ante el juez federal de esta ciudad Alejandro Sánchez Freytes en el marco de la causa en la que está imputado por presunto lavado de dinero y defraudación en la compraventa de inmuebles en esta provincia.

El abogado del gremialista, Daniel Llermanos, adelantó que Moyano prevé presentarse de manera espontánea en las distintas causas que tiene abiertas en el país «para acelerar su cierre». Será un cambio de estrategia, ya que hasta ahora solo se presentó ante los llamados a indagatoria.

«Hablamos con Moyano y decidimos esta presentación espontánea para que se le preguntara todo lo que quisiera el juez. Haremos lo mismo en todas las otras para acelerar su cierre», dijo Llermanos. Y agregó que espera el «sobreseimiento en breve» en la causa de Córdoba.

Moyano tiene al menos seis procesos judiciales en marcha: van desde la vieja causa por la adulteración de medicamentos y desvío de fondos del sindicato hasta la de presunto lavado de dinero en Independiente. Este expediente es el que más movimiento tuvo últimamente a partir de las denuncias del barrabrava Pablo «Bebote» Álvarez, que desde la cárcel involucró a las autoridades del club con una asociación ilícita.

Hoy alrededor de las 10 Moyano llegó a los Tribunales Federales. En vez de hablar de la acusación, prefirió referirse a la clasificación de la selección Argentina a los octavos de finales del Mundial. «Un día muy lindo; clasificamos. Antes uno de los responsables era yo….ahora..», ironizó.

El fiscal Gustavo Vidal Lascano recibió en 2016 la denuncia de parte de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), y realizó una serie de medidas «vinculadas con oficios a bancos y a empresas que demoraron», por lo que la imputación salió en diciembre.

El eje de la causa es la compra por parte del Sindicato de Choferes de Camiones en diciembre de 2013 de terrenos en La Falda.

El sindicato pagó 6 millones de pesos por cinco inmuebles que habían sido adquiridos por otra persona dos meses antes por unos 310.000 pesos. La base imponible de los terrenos era de 964.553 pesos. La brecha entre las operaciones es lo que origina la sospecha que termina en denuncia.

«Explicó claramente su rol en la operación y presentamos un escrito muy breve. Esperamos su sobreseimiento en pocos días; quedó demostrado que no se pagó ni un peso de más», afirmó el defensor a este medio. Respecto del resto de las presentaciones, dijo que -en algunos casos- acompañarán documentación «importante».