A fines del año pasado, en el medio de la caótica transición de gobierno entre el ex intendente, Walter Festa, y la actual jefa comunal, Mariel Fernández, se sucedían episodios de tomas de terrenos en el municipio de Moreno. Un tema que hoy se ha expandido territorialmente y forma parte de los conflictos más prontos a resolver en las agendas de los gobiernos provincial y nacional.

Desde noviembre del año pasado, en el distrito de la zona oeste, una de las principales preocupaciones de la gestión pasaba por la toma de tierras que se estaba gestando en la zona de Las Catonas. Las acusaciones políticas entre el sector del dirigente de La Cámpora y del Movimiento Evita, fueron moneda corriente durante ese fin de año. Incluso, también se mencionaba al ex barón, Mariano West, como uno de los propulsores en las sombras.

Por ese entonces, un sector de aquellos dirigentes que acompañaron y hoy forman parte del gabinete de Mariel, indicaban que no iban a desalojar a los usurpadores ya que -más allá de compartir o no el procedimiento- ese accionar dependía del gobierno bonaerense y no del provincial.

A su vez, se evaluó el tema con los datos que propició el Instituto del Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional de la Municipalidad de Moreno (IDUAR) sobre los vecinos que ocuparon las tierras. En ese momento, se constató que muchos de ellos estaban anotados en los listados de acceso a las viviendas sociales desde hace más de una década.

Cierto es que la usurpación de terrenos en Moreno, por su extensión y poca densidad poblacional, no es algo nuevo. Muy por el contrario, es una postal frecuente, sobretodo en épocas de campaña electoral.

La problemática, a pesar de la nula visibilidad mediática, continuó en aumento en la localidad. Según el portal Infobae, desde diciembre se constataron al menos 130 intentos de tomas de tierras e inmuebles que fueron desarticuladas. Un mil por ciento más que el período anterior, en las que se constataron 12.

Un dato político interesante en la actual coyuntura; la intendenta de Moreno  responde a la organización social, Movimiento Evita, a la cual el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, culpó por algunas de las tomas.

Más allá de eso, desde el comienzo de la gestión se abordó la problemática en una labor en conjunto entre el IDUAR, la Policía Bonaerense y el Ministerio Público Fiscal. Según señala el portal, «el mecanismo funciona como un sistema de alerta temprana ante una eventual ocupación territorial, que se articula con un programa específico que apunta a darle una respuesta ‘integral’ al desarrollo urbano y la demanda del suelo».