Tras la embestida del presidente Javier Milei contra los gobernadores, quienes se alinearon para reclamar transferencias de fondos y resolvieron no asistir al acto central por el Día de la Independencia, el oficialismo se prepara para enfrentar este jueves un golpe político en el Senado. El mandatario acusó a todos los jefes provinciales —tanto aliados como críticos— de querer “destruir” su gestión y “romper todo”, motivados por intereses electorales y de poder.

Ahora, la Casa Rosada se encamina a recibir una dura respuesta de parte de una amplia mayoría opositora, que podría articularse por primera vez desde el inicio del gobierno libertario para respaldar el reparto de fondos que las provincias reclaman como propios y que el Ejecutivo ha retenido con el objetivo de sostener el superávit fiscal.

La sesión en la Cámara alta está prevista para las 14, día y horario establecidos en la sesión preparatoria de marzo. Se trataría de un hecho inédito: el Senado podría sesionar sin convocatoria formal por parte de sus autoridades.

Esa omisión responde a una estrategia definida por Victoria Villarruel, quien prefirió evitar quedar expuesta como cediendo a la presión opositora. Sin embargo, tras tomar nota del clima de descontento creciente contra el Ejecutivo dentro del Senado, la vicepresidenta comunicó que se hará presente en el recinto si se alcanza el quórum necesario para habilitar el debate.

El arranque de la sesión está prácticamente asegurado: una alianza circunstancial entre legisladores kirchneristas, radicales y algunos del PRO garantizaría la presencia de al menos 37 senadores, el número requerido para abrir la discusión.

Este bloque impulsa el proyecto para actualizar las jubilaciones en un 7,2%, elevar el bono mínimo a $110.000 y declarar la emergencia en los servicios públicos destinados a personas con discapacidad. Ambas iniciativas ya cuentan con media sanción desde el 5 de junio, por lo que su aprobación en el Senado implicaría su conversión en ley.

Distinto es el panorama para la ley de moratoria previsional. Solo el kirchnerismo respalda esa propuesta, que no lograría reunir los votos necesarios para ser aprobada. Entre los senadores de oposición moderada predomina la mirada crítica: consideran que la iniciativa tuvo un fin netamente electoral, impulsada en 2023 para apuntalar la candidatura de Sergio Massa, y la responsabilizan por agravar el desfinanciamiento del sistema jubilatorio al incorporar beneficiarios sin aportes. En caso de avanzar, lo haría con cambios que obligarían a una nueva revisión en Diputados.

Antes de abordar el fondo de los proyectos, se anticipa una discusión reglamentaria sobre su habilitación al debate. Algunos legisladores aseguran que los textos cuentan con dictamen válido, mientras que desde la Presidencia del Senado y su secretaría parlamentaria argumentan que, al no haber sido tratados en comisiones en plenario ni convocados formalmente, carecen de despacho y requerirán los dos tercios de los presentes para ser discutidos.

Rebelión federal

Los proyectos impulsados por los gobernadores necesitarán sí o sí ser habilitados sobre tablas. La semana pasada, durante una cumbre en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), los mandatarios resolvieron avanzar con dos propuestas legislativas para forzar al Gobierno a transferir recursos que consideran legítimamente asignados a sus distritos.

Las iniciativas contemplan la disolución de varios fondos fiduciarios cuya asignación actual se considera desviada respecto de su propósito original. También establecen nuevos criterios de distribución para los recursos derivados del Impuesto a los Combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que según denuncian los gobernadores, el Ejecutivo no está repartiendo de forma equitativa.

No obstante, el respaldo necesario para aprobar su tratamiento no parece ser un obstáculo: 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño suscribieron el compromiso de avanzar con estas leyes. Radicales, kirchneristas, fuerzas provinciales y hasta parte del PRO estarían dispuestos a respaldarlas.

De concretarse, sería la primera vez que todo el arco opositor se unifica detrás de una acción legislativa desde la asunción de Milei, borrando momentáneamente la línea divisoria entre el kirchnerismo y sectores dialoguistas como la UCR y el PRO, que también gobiernan distritos.

Este nivel de consenso cobra especial relevancia, ya que en caso de que el Presidente vete las leyes, ambas Cámaras podrían insistir con su aprobación. De todas formas, el recorrido legislativo apenas comienza: los proyectos deberán pasar luego por Diputados, donde la Casa Rosada aún tiene margen para negociar y evitar otro revés parlamentario, un escenario que ya se ha vuelto recurrente para la gestión libertaria.