La administración de Javier Milei confirmó que seguirá adelante con su política de reducción del Estado, pese al revés electoral sufrido el domingo en la Provincia de Buenos Aires. Este martes apareció en el Boletín Oficial la decisión de quitarle al INTA un terreno de 41 hectáreas de la Estación Experimental Cerrillos, para transferirlo a la provincia de Salta en el marco de un acuerdo político. Los trabajadores del organismo aseguran que el gobernador Gustavo Sáenz busca utilizar esas tierras en desarrollos inmobiliarios.

Aunque el instituto científico había recuperado independencia tras el rechazo legislativo al DNU 462/25, el Ejecutivo avanzó sobre las advertencias del Consejo Directivo del INTA, que había señalado que ese predio era de “vital relevancia para el control de los afluentes hídricos del municipio”, según una nota enviada en septiembre pasado.

En medio de este esquema de cesión de bienes públicos también quedaron en evidencia las contradicciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien en su última presentación ante Diputados negó que existieran planes para desafectar terrenos del INTA. Los documentos lo desmintieron: La Libertad Avanza proyecta desprenderse de unas 50.000 hectáreas del organismo.

¿Innecesario para quién?

El Gobierno publicó el 9 de septiembre la Resolución 88/2025 de la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE), a cargo de Nicolás Pakgojz, para quitar de la órbita del INTA las 41 hectáreas en Cerrillos.

En el texto oficial puede leerse: “En el marco del Expediente Nº EX-2025-21188759-APN-DACYGD#AABE, por el que tramita el estudio preliminar de inmuebles pasibles de ser enajenados, la Dirección de Gestión de Proyectos Inmobiliarios dio intervención a la Dirección Nacional de Gerenciamiento de Activos Físicos, solicitando la desafectación de una serie de inmuebles”. Además, junto a esa resolución se anexaron tres documentos con croquis de los predios, entre ellos uno perteneciente al Instituto del Agua, que sería entregado al Club River Plate.

El 4 de julio, la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Producción —dependiente del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo— señaló que las 41 hectáreas eran “innecesarias para la gestión específica del organismo” y que “las autoridades del INTA no manifestaron objeción a la presente tramitación”. Pero esto no era cierto.

Una nota interna del 3 de septiembre de 2024, enviada al entonces titular Juan Cruz Molina Hafford, dejaba constancia del valor estratégico del predio. Allí se advertía: “Queremos manifestar nuestra profunda preocupación y rechazo respecto a la resolución mediante la cual se otorga a la Provincia de Salta un permiso de uso precario y gratuito con compromiso de compra sobre un sector del inmueble de propiedad del Estado Nacional en jurisdicción del INTA. Estas tierras están actualmente dedicadas a actividades de investigación y desarrollo productivo, y tienen un rol vital en el manejo del escurrimiento de agua de lluvia, contribuyendo significativamente a la prevención de inundaciones, protección de los recursos hídricos y mantenimiento de la estabilidad ecológica en la región”, firmado por Alfredo Loutaif, entonces presidente del Consejo Regional Salta-Jujuy.

El Tribunal de Tasaciones de la Nación aún no puso valor al terreno.

Negocios inmobiliarios

El desguace estatal viene acompañado de engaños cuidadosamente diseñados. Con un estilo menos “violento” que otros dirigentes libertarios, Francos dejó asentadas respuestas falsas en su informe al Congreso.

A una consulta de la UCR sobre el plan de venta de inmuebles del INTA, respondió: “El Ministerio de Economía informa que no hay previsto ningún plan de enajenación de tierras o campos del INTA. Se está realizando un ordenamiento de las tierras y propiedades en uso, aclarando el régimen de propiedad y el estado de cada unidad, y actualizando la base de datos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)”.

El mismo funcionario admitió que de las 102.000 hectáreas del organismo, unas 50.000 estaban “en desuso”. No era el caso de Cerrillos, que igualmente fue desafectado.

El Ejecutivo se amparó en un cambio normativo. El decreto 1382/2012 establecía que la venta de inmuebles a cargo de la AABE debía servir para “constituir emprendimientos destinados al desarrollo y la inclusión social”. Sin embargo, con el DNU 186/25 de marzo, el Ministerio de Economía quedó habilitado a utilizar bienes del Estado para saldar deudas con provincias y con la Ciudad de Buenos Aires.

Según señalaron trabajadores del organismo, el campo en disputa cumple una función clave en el manejo del agua y se estaban realizando obras para evitar inundaciones. A la vez, reconocieron la presión para destinar las tierras a urbanizaciones privadas, por lo que estudian alternativas de protección ambiental.

Caso testigo

El 24 de octubre de 2024 el Gobierno publicó el decreto 950/2024 con un listado de 309 inmuebles a venderse al sector privado o a ceder a provincias como forma de pago de deudas. Un ejemplo fue un predio del INTA en la Ciudad de Buenos Aires, que se remató por 18 millones de dólares.

La firma adjudicataria fue Julián Álvarez 1986 SRL, integrada por Martín Gabriel Prubner y Lucila Jazmín Zang. Los equipos jurídicos sospechan que actuaron como pantalla del estudio Brukman & Mansilla, verdadero interesado en la compra.

En ese momento seguía vigente el decreto 1382/2012, que establecía que el 70% de lo recaudado debía quedar en el organismo y el 30% en el Tesoro. De los 13 millones que correspondían al INTA, nunca ingresó un solo dólar.

Más tarde, con el DNU 186/25, Milei dispuso que todo lo recaudado por ventas de la AABE fuera directo al Tesoro. A raíz de esto, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas recibió una denuncia el 29 de agosto. Allí se cuestionó tanto el destino de los fondos como la gestión de Pakgojz, ya que la normativa obligaba a que esas ventas fueran “para constituir emprendimientos destinados al desarrollo y la inclusión social”. En la práctica, el estudio Brukman & Mansilla planea levantar una torre de lujo en el lugar.