Con el apoyo del radicalismo y el rechazo del Gen, el Ari y Unión Pro, se aprobó en la Cámara Alta la reforma electoral bonaerense impulsada desde el oficialismo. El proyecto, que es similar al nacional, establece elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias, e incluye algunas modificaciones en los comicios generales.

Así lo explicó el senador Federico Scarabino, que fundamentó la iniciativa en el recinto: “El proyecto implica algunas modificaciones a la Ley Electoral pero, más allá de las consideraciones mediáticas que se han generado, estamos lejos de plantear un proyecto de reforma política”. El legislador enfatizó que su importancia reside en que pretende fortalecer el sistema de partidos al tiempo que trata de evitar las confusiones y “corruptelas” que se produjeron en las últimas elecciones. En el mismo sentido hizo una autocrítica admitiendo que algunas de las actitudes confusas partieron del propio justicialismo y a partir de situaciones ocasionales se fueron generalizando, siendo “copiadas” por otros partidos.

Asimismo manifestó que el proyecto tiende a fortalecer los partidos con el fin de superar la actual crisis de representatividad política, que justamente está ligada a la desvalorización de la actividad partidaria.

“No es la panacea ni va a ser la solución. Es un avance para tratar de fortalecer a los partidos y acotar su cantidad”, señaló. Al tiempo que aclaró que los pisos puestos para la participación partidaria “no son con ánimo de restringir” sino que buscan combatir prácticas como las de “hacer un pequeño partido” para evitar las internas.

Por su parte, el senador Diego Rodrigo (UCR) manifestó que desde su bloque apoyaban la iniciativa porque implica un avance, a pesar de sus limitaciones. Asimismo remarcó la “receptividad” del oficialismo, que incorporó varias modificaciones a pedido de la bancada.

En cuanto a las críticas llamó la atención el discurso del senador oficialista Ricardo Lissalde, que aunque votó a favor del proyecto lo calificó como “incompleto y en algunos momentos incoherente”. Entre sus falencias mencionó que no avanza sobre la boleta única ni el voto electrónico y no aclara si los comicios se dan conjuntamente o no con los nacionales.

Desde el Ari-CC el senador Javier Mor Roig denunció que la reforma electoral “está hecha a la medida de las necesidades del partido justicialista” al tiempo que criticó la premura de su tratamiento y que se haya discutido en el Consejo Justicialista y no en las comisiones de la Legislatura.

EJES DEL PROYECTO

En principio la iniciativa -que deberá ser aprobada en la Cámara Baja para obtener su sanción definitiva- plantea que todos los partidos deberán presentarse a internas abiertas, obligatorias y simultáneas, aún en el caso en que hubiese una sola lista. Asimismo, establece el sistema D’Hont para la distribución proporcional de cargos en las internas pero no en las generales; ya que, según aclararon los propios legisladores oficialistas, no hubo acuerdo al interior del bloque para hacerlo.

Además, se prohíben las colectoras y las listas espejos en las elecciones internas y generales, y en estas últimas se eliminan las candidaturas testimoniales, una reforma incorporada a pedido del radicalismo.

También a instancias de la UCR se bajó del 3% al 1,5% el piso mínimo de sufragios que necesitan obtener los partidos en la interna para poder participar de las elecciones generales, porcentaje que se calcula en base al total de los votos positivos emitidos.

Por otra parte, a partir de ahora los candidatos a legisladores deberán tener al menos dos años de residencia en una localidad que integre la sección por la cual se presentan.

En cuanto a la personería jurídica los partidos provinciales deberán tener un número de afiliados no menor al 4 por mil del total de electores. Mientras que para presentarse a internas deberán tener adhesiones del 2 por mil en los cargos de gobernador y vicegobernador; del 4 por mil sobre el total de la sección correspondiente en las candidaturas legislativas; y del 4 por mil del padrón del distrito en las locales.

La fecha de las primarias queda a criterio del gobernador, que puede hacerlas simultáneas o no a las nacionales. La convocatoria debe efectuarse en un plazo de 90 a 180 días antes de su realización, la cual debe suceder dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de los comicios generales.

Por otra parte se establece que es la Junta Electoral, y no los partidos como hasta ahora, quien designará las mesas, las autoridades de mesa y quien haga el escrutinio definitivo en las primarias.

Finalmente, aunque son obligatorias, los ciudadanos que no deseen votar en las internas pueden hacerlo siempre y cuando hayan expresado fehacientemente su voluntad ante la Junta Electoral (u oficinas que se designen a tal efecto) hasta 30 días antes de su realización. Además, si bien se utilizará el padrón de la elección general anterior, aquellas personas que hayan cumplido los 18 años después y hasta el día de los comicios primarios, podrán solicitar ante la Junta su inclusión.

Por Laura Elisandro