La causa por la que fueron citados a declarar los Cariglino es del año pasado, por administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y estafa. Doctor, ¿lo cuenta?

Estamos hablando de un lote de 60 hectáreas en las calles John Fitzgerald Kennedy y Gutiérrez, justo al lado de la quinta del presidente Macri. Es la zona más exclusiva de Los Polvorines. Estamos hablando de un terreno que tiene una superficie seis veces mayor a Los Abrojos. En el año 2009, el actual candidato a concejal por Cambiemos compra el 15% de estas hectáreas por 39 mil dólares. Al año siguiente, contra todo pronóstico de inflación, su padre Roque compra el mismo porcentaje pero a 30 mil pesos. Es decir, un año después el padre compra el mismo porcentaje que el hijo pero por una suma cinco veces menor.

¿Entonces?

Después de esa operatoria, estamos hablando de una transacción entre particulares, el dueño se lo quiso vender más barato, será problema del dueño… Pero acá no termina esto. Este lote tenía una cuantiosa deuda municipal que, luego de que ambos adquieran su porcentaje, se le redujo considerablemente. Antes de que los Cariglino fuesen dueños de esa porción tierra se estaban pagando 60 pesos el metro cuadrado. Esto es 2009. Después de la adquisición, se estaba pagando 35 pesos el metro cuadrado. Entonces, no sólo se les hizo una reducción de la deuda pasada, sino que se hizo una reducción de la deuda futura de ese terreno.

Haciendo una lectura política, en esa época los Cariglino se sentían imbatibles, donde jugaban su aparato se imponían, sea con Cristina, con De Narváez, con Duhalde. Eso les daba cierta impunidad.

En este caso lo raro es que no sólo se quedaron con la reducción o la compra del terreno, sino que también fueron socios de la constructora que iba a hacer el desarrollo inmobiliario. Hicieron todo: la compra, la construcción, la habilitación.

Usted es abogado en la causa, instruyéndola. ¿Representando a quién?

Soy particular damnificado de una poseedora de buena fe de este lote, que tuvo a título oneroso la posesión de este bien por más de diez años. Y a la que, obviamente, dejaron fuera de participación en este negociado.

Ahora se produce un pedido de la fiscalía, una citación conjunta a Maximiliano, Roque y Jesús, el 20 de septiembre.

La prueba es contundente. Lo que estuve hablando respecto de los montos y las fechas de las operaciones, es porque hemos presentado contratos de puño y letra, firmados por las personas denunciadas, que reconocen haber ido a una escribanía. Hemos presentado los contratos para probar todo esto que estamos diciendo. No es que lo digo porque me lo contaron, o lo pasaron fuentes judiciales. Estos son contratos firmados ante escribano.

Está exponiendo una cantidad de pruebas. ¿Hasta dónde puede llegar la pena, en caso de comprobarse lo denunciado?

La causa va a seguir, porque hay más personas involucradas. Cuando digo que acá se condonó una deuda municipal, quiere decir que acá hubo abogados, que aparentemente actuaban para la municipalidad, que han firmado convenios para esta reducción. Por ejemplo, la doctora Gastaldi, que firmó tres convenios de reducción de deuda que no han sido probados, en la causa no consta que esa deuda se pagó. O sea, ni siquiera se pagó la deuda reducida aunque hubo abogados que firmaron que esa plata entró. Hay más personas involucradas y lo que la Justicia va a tener que investigar es una asociación ilícita, figura por la que caben penas de 3 a 10 años.