Mauricio Macri quedó formalmente imputado por el envío de armas y municiones a Bolivia en pleno golpe de Estado contra Evo Morales. Así lo decidió el fiscal Claudio Navas Rial, quien también impulsó la investigación penal contra la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, el exministro de Defensa Oscar Aguad, el exjefe de la Gendarmería Gerardo Otero y otros dos gendarmes. La figura contemplada por Navas Rial es la de contrabando agravado.

El fiscal Navas Rial también pidió que se investigue a Normando Álvarez García, quien ejercía como embajador en Bolivia al momento del golpe.  Junto con él quedó imputada Bullrich por ser la responsable de la Gendarmería y quien autorizó la salida del país de un primer contingente de once efectivos. Aguad quedó imputado por haber facilitado el Hércules C-130 que llegó a La Paz en la madrugada del 13 de noviembre de 2019.

Por el momento, quedó fuera de la investigación el excanciler Jorge Faurie, aunque, en su dictamen, el fiscal sostuvo que podían aparecer nuevos investigados. Lo mismo sucedió con Eugenio Cozzi, titular de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), que autorizó el envío de municiones a Bolivia y, días antes de la salida del contingente de gendarmes, flexibilizó las normativas para la salida temporaria de armamento del país.

Además de Otero, hay dos gendarmes imputados. Se trata de Rubén Carlos Yavorski, que fue quien tramitó la salida del armamento del país en noviembre de 2019, y de Carlos Miguel Recalde, quien buscó justificar en julio de 2021 que no había vuelto ni una sola bala de las 70.000 que habían mandado a Bolivia meses antes.  Recalde dijo que las habían usado en entrenamiento los gendarmes del grupo «Alacrán». Extraño porque se trata de un cuerpo de élite que no usa armas antitumulto, sino armas letales. Pero además estos gendarmes, en sus declaraciones ante el instructor de la Gendarmería afirmaron que no habían realizado ninguna práctica de tiro y mucho menos con las postas de goma.

El martes último, el Gobierno denunció a Macri y a sus funcionarios por contrabando agravado por haber enviado, al menos, 70.000 balas antitumulto a Bolivia para colaborar con la dictadura de Jeanine Añez. Esa es la denuncia que acaba de impulsar Navas Rial y que está en manos del juez en lo penal económico Javier López Biscayart. Por la magnitud de la denuncia, Navas Rial le pidió al magistrado que habilite feria para que la investigación continúe durante el receso de invierno que comienza el lunes. López Biscayart deberá resolverlo la semana próxima, pero el juez ya le dijo a sus colaboradores que no se tomará vacaciones.

Existe en el fuero penal económico otro expediente que surgió a partir de una denuncia que formuló el excamarista Eduardo Freiler, y está en el juzgado de Alejandro Catania. Navas Rial le pidió a López Biscayart que pida la unificación de las dos causas.

Para avanzar con la investigación y determinar si amplía la imputación, el fiscal también requirió información al gobierno nacional y al gobierno de Bolivia. En las últimas horas, el comandante de la Policía de Bolivia, Jhonny Aguilera, confirmó que se habían hallado 26.900 balas antitumulto en un depósito de esa fuerza cercano a La Paz. La hipótesis más firme es que las balas que mandó la Gendarmería se hayan repartido entre la Policía de Bolivia y la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). Lo que desató el escándalo fue la aparición de una carta del excomandante de la FAB Jorge Gonzalo Terceros Lara, revelada por este diario, en la que se agradecía la recepción de 40.000 cartuchos 12/70.

El jueves, la Gendarmería envió documentación también a la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (​UFI-ARM), que está a cargo de Gabriel González da Silva y de Navas Rial. En esa investigación preliminar se le pidió información a la Cancillería y a la embajada argentina en La Paz sobre los hallazgos en la Policía de Bolivia y que se recabe si existen filmaciones de la base aérea en la que aterrizó el Hércules C-130 con el contingente de gendarmes que llegó el 13 de noviembre con las armas y municiones.