Desde hace unas semanas el tema de la inseguridad ha tomado fuerza en la agenda de la provincia de Buenos Aires y, en consonancia con este hecho, el gobernador Daniel Scioli ha endurecido su discurso progresivamente. Aunque advierte que el problema requiere soluciones integrales, que implican tanto la educación como el trabajo, su prédica en los últimos tiempos ha tenido un eje claro: la necesidad de tener más “mano dura” para que los delincuentes “tengan miedo”.

"Muchos con hipocresía se horrorizan un poco cuando uno plantea estas cosas. Yo quiero que los delincuentes tengan miedo, no que la sociedad tenga miedo. Que el que las hace las pague, si no la van a pagar los inocentes", expresó hace unos días ante las críticas y agregó "acá no estamos hablando de mano dura ni blanda, sino de Justicia.”

Es en este marco que insiste en que se baje la edad de imputabilidad en el Congreso nacional para que se pueda detener y procesar a menores entre 14 y 16 años, hoy inimputables. Y también en este contexto apoyó públicamente la polémica iniciativa que impulsa el ministro de Seguridad provincial, Carlos Stornelli, que permitiría a la policía detener a personas en la calle bajo figuras tales como las de “merodeo”, “vagancia”, “ebriedad”, “delincuente habitual” y “drogadicción”.

Un proyecto que implicaría devolverle a las fuerzas de seguridad atribuciones que la Legislatura había derogado en los ’80 debido a los excesos en que incurrió la policía durante su aplicación. Ahora, tanto el ministro como el gobernador buscan reflotarlas “aggiornándolas” a los nuevos tiempos.

Además de las figuras mencionadas se penaría al proxeneta, la oferta de sexo en la vía pública, la tenencia de elementos para abrir puertas (como ganzúas), las patotas, las amenazas, beber alcohol en la vía pública y participar en manifestaciones con el rostro tapado (salvo por motivos religiosos) o portando palos u otros objetos que sean potenciales armas.

“Cada distrito debería tener una alcaidía para contraventores y, allí, el ebrio, el drogado, debería permanecer hasta que se le pasen los efectos, y el ladrón habitual no es malo que explique qué hacía en determinada calle oscura, con todo el cuidado y control que esto requiere”, señaló el ministro Stornelli y explicó que cada intendente designaría un juez contravencional que sería la autoridad de aplicación.

Scioli defendió la iniciativa señalando: “es una necesidad para tener una herramienta más en esta batalla que estamos dando contra delincuentes que están dispuestos a todo, y yo desde el estado de derecho quiero estar dispuesto a todo lo que tenga que hacer para mejorar la seguridad ciudadana en la provincia de Buenos Aires.”

PRIMERAS RESISTENCIAS

El gobernador bonaerense manifestó públicamente su intención de que el proyecto sea girado a la Legislatura en las próximas semanas a fin de convertirlo en ley antes de fin de año. Sin embargo, según pudo averiguar La Noticia Web tendría escasas posibilidades de ingresar al cuerpo legislativo este año debido a grandes resistencias al interior del gabinete provincial, materializadas en una interna entre Stornelli y el Jefe de Gabinete Alberto Pérez.

Lo cierto es que la iniciativa ya genera polémica y no pocas suspicacias entre los funcionarios provinciales. El propio ministro de Justicia Ricardo Casal expresó sus dudas: "Son términos viejos, obsoletos. A mí me parece que Stornelli habló en el marco distendido de un reportaje. Todavía hay que estudiar muchas cosas; por ejemplo, que el régimen no colisione con el Poder Judicial ni con los sistemas municipales de faltas".

El “quid” de la cuestión -y a lo que apuntan las principales críticas- reside en que se trata de situaciones “predelictuales”, o sea que las personas podrán ser detenidas sin que hayan violado la ley. La ambigüedad de figuras como “vagancia” y la posibilidad de apresar a alguien sólo por tener actitudes sospechosas abre la puerta a los excesos policiales y a la discriminación social. ¿Cómo evitar que la frase de Stornelli "evitar que la marginalidad gane la calle" no se transforme en que los “marginales” estén en la calle? ¿Cuáles serían los límites? Todos estos interrogantes se abren ante las perspectivas de una ley semejante.

Por ahora, la Legislatura provincial tiene otras urgencias que resolver, como la sanción del presupuesto 2010 o el pedido de endeudamiento del Ejecutivo provincial por 2100 millones de pesos para gastos corrientes.

Sin embargo, Scioli ya abrió el debate en una especie de “sondeo” de la opinión pública, tratando de dar respuestas a las críticas sobre su política de seguridad a través de un discurso que busca endurecer las medidas represivas.