Entre 2 y 3 meses es el tiempo medio que espera una persona con una minusvalía para tener una prótesis si no tiene recursos económicos suficientes. Precisamente quien más lo necesita es quien más debe esperar cuando se trata de atender la salud. Corregir esa injusticia es lo que pide el concejal radical de San Fernando, Luis Freitas, con la propuesta de que sea la Municipalidad quien provea directamente esas prótesis a quienes no tengan obra social, ni recursos económicos suficientes.

Hablamos de personas que requieren de manera urgente un marcapasos o clavos o un stent coronario y cuya calidad de vida se ve seriamente dañada por no tenerlos. Carecen de dinero para comprarlos y eso empeora su situación progresivamente. La consecuencia no es sólo para el paciente. El sistema sanitario se ve afectado por ello. Se prolongan innecesariamente estadías hospitalarias y ocupaciones de cama que sobrecargan el centro médico. Y el sistema es incapaz de brindar atención a otros pacientes. Es el caso de los personas que esperan intervenciones quirúrgicas que no son practicadas dado que no hay plaza para la internación postoperatoria.

"Sabemos que la Salud es responsabilidad del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, pero entendemos que no es posible que personas con bajos recursos económicos deban esperar más de 2 o 3 meses la provisión de una prótesis", afirma Luis Freitas.

Ese tiempo, o más, es lo que demora el trámite que se inicia en el Hospital Provincial de nuestra Ciudad, va al Ministerio de Salud de la Provincia (que se encuentra en la localidad de La Plata) dan el visto bueno, liberan la partida presupuestaria correspondiente y sólo entonces se compra la prótesis requerida por el paciente.

Así, el propósito es establecer un programa para adquirir prótesis destinadas a aquellas personas que no tienen obra social y no pueden afrontar su costo. Este programa sería financiado, precisamente, con el 40% de lo que se recauda por el Recupero de Obras Sociales. Un monto éste que se obtiene cuando el Municipio gestiona el cobro a aquellos pacientes que, teniendo cobertura social, se atienden en el Sistema de Salud Público Municipal.