“Está actuando de manera autoritaria e ilegal porque no se ajusta a lo que marca la Constitución Nacional, a la Provincial y al Convenio de la Organización Internacional del Trabajo que garantiza el derecho a la discusión paritaria”, afirmó el secretario general del gremio de los judiciales bonaerenses.

En ese sentido, no descartó que esa organización internacional le aplique una sanción al Gobierno provincial, que este mes otorgó por decreto un aumento salarial, con retroactividad a marzo, del 26 por ciento para las categorías inferiores (de la 6 a la 14), de 24 por ciento para las intermedias (de la 15 a la 19,5) y de 21 por ciento para funcionarios y magistrados (de la 20 a la 23).

Blasco dijo que “no hemos tenido contacto con el Poder Ejecutivo, pero el elemento novedoso después de esta semana de lucha es la actitud beligerante de la Suprema Corte de Justicia hacia nosotros”.

El titular de la AJB aseguró que “hoy hay una teleconferencia del nuevo presidente de la Suprema Corte, Eduardo De Lazzari, con jueces de toda la provincia, donde por los rumores que hay creemos que se va a instruir a los jueces para que garanticen el servicio de justicia, lo que conlleva una orden para que se pongan firmes con los trabajadores”.

“Es para que tengan el control de los que hacemos paro y se apliquen descuentos, ese es el arma represiva”, reveló Blasco.

Consultado sobre el por qué de la continuidad de las medidas luego del otorgamiento del incremento salarial, el gremialista contó que “hace años venimos peleando por la porcentualidad, que perdimos en el año 1994, y que aún después de que firmáramos un acta acuerdo para recuperarla en el año 2005 con el gobierno del entonces gobernador Felipe Solá, eso nunca se hizo por falta de voluntad de los diferentes Ejecutivos”.

Blasco añadió que “el año pasado empezamos a charlar en forma bastante auspiciosa pero lamentablemente a principio de éste año dijeron que era inviable y que no querían discutir más”.

Blasco explicó que lo que el gremio reclama es acordar en cuanto al método para la implementación de la porcentualidad, pero que desde el Gobierno ponen “excusas falsas porque en realidad no quieren hacer nada”.

El sistema de porcentualidad que los judiciales bonaerenses perdieron en el año 1994 fija una relación entre los salarios dentro del Poder Judicial, por el cual y tomando como base el salario básico de un juez de la Suprema Corte, a partir de ahí para abajo todos los cargos quedan enganchados en un porcentaje de ese valor.

“El sistema existe en la Ciudad de Buenos Aires, en Chubut, en Santa Cruz, en Salta, en Nequén y en Santa Fe” detalló Blasco y agregó que “todo el mundo perdió con la eliminación de la porcentualidad”.

Por último, señaló que se celebrarán asambleas en las 18 departamentales en las que está dividido el Poder Judicial provincial y que le van a exigir a la Suprema Corte “que se involucre, que participe, como cabeza que es del poder judicial”.

FUENTE: TELAM