Las federaciones docentes acusaron al Gobierno de Javier Milei de bloquear la Ley de Financiamiento Universitario y denunciaron un atraso salarial que dejó a miles de profesores debajo de la línea de pobreza. La Conadu Histórica inició un paro prolongado y la Conadu avisó que, sin fondos garantizados, no habrá clases en 2026.
Los sindicatos universitarios encendieron todas las alarmas frente a la decisión del Gobierno de Javier Milei de no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que obtuvo respaldo legislativo pero que quedó sin efecto por decisión del propio Ejecutivo. En este contexto, las dos principales federaciones docentes marcaron posiciones duras. La Conadu Histórica declaró un paro de una semana, mientras que la Conadu lanzó una advertencia directa sobre el comienzo del ciclo lectivo 2026.
La medida de fuerza de la Conadu Histórica se activó después del anuncio de los 27 gremios que integran la federación. La Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA explicó los motivos: “El Plenario de secretarías generales de la federación resolvió paro de una semana en respuesta a la decisión del gobierno nacional de no cumplir con la Ley de financiamiento universitario y el correspondiente aumento salarial, que en este momento asciende al 43,95%, producto a la inflación registrada de julio en adelante”. El sindicato confirmó una movilización hacia el Consejo Superior de la UBA y hacia la Secretaría de Educación.
En el mismo comunicado, AGD-UBA rechazó el proyecto de Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno. La organización afirmó que se trataba de una iniciativa “de miseria para educación”. El gremio sostuvo que el conflicto seguiría abierto hasta que el aumento salarial dejara de estar congelado y reivindicó la necesidad de superar la línea de pobreza.
La Conadu Histórica estimó que el incremento salarial adecuado debía ubicarse en el 44%. Antonio Rosselló, integrante de la conducción de la federación y referente de AGD-UBA, justificó ese porcentaje y detalló las consecuencias del desfinanciamiento. “Hay que triplicar el presupuesto universitario para que se logren realizar con efectividad la creación, la investigación, la ciencia, la tecnología, sostener las escuelas preuniversitarias, que son escuelas pilotos para realizar proyectos pedagógicos que mejoren la educación de conjunto, y para sostener los métodos de enseñanza e aprendizaje, para tener una mayor tasa de egreso en las universidades, y por cuanto la realización de proyectos individuales y colectivos de la sociedad para un ascenso social y una autonomía nacional que nos provee a todos de profesionales universitarios idóneos para el desarrollo del país”.
Mientras tanto, la Conadu definió un mensaje más severo. El plenario de secretarios generales alertó sobre el impacto inmediato de la falta de fondos: “Sin implementación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, no comenzarán las clases en 2026”. La federación confirmó la preparación de un plan de lucha para el año siguiente.
El secretario general de Conadu, Carlos De Feo, amplió ese diagnóstico. “La situación de la universidad es sumamente critica y si el gobierno no ofrece una solución las consecuencias de este desfinanciamiento histórico de la educación superior llevarán a una crisis que costará muchos años revertir”.
La tensión creció después de que el Congreso respaldó dos veces la Ley de Financiamiento Universitario. El Parlamento aprobó el proyecto original y luego rechazó el veto del presidente Javier Milei. A pesar de ese doble aval, el Poder Ejecutivo promulgó la norma sin partidas asignadas. En el Boletín Oficial, Milei sostuvo que “corresponde que el Poder Ejecutivo promulgue la ley”, aunque aclaró que su ejecución quedaría suspendida hasta que el Congreso definiera “las fuentes de su financiamiento”.
La disputa expuso el choque entre el Gobierno y el sistema universitario. Milei afirmó desde el primer día que buscaba auditar las instituciones, pero las universidades ya cumplían con sus procedimientos de control. El congelamiento presupuestario profundizó el deterioro y los sindicatos interpretaron esa postura como una ofensiva directa contra la educación pública.
Con un presupuesto que quedó varios años atrás, el escenario aparece cada vez más frágil. Para los gremios, sin un giro político inmediato, el sistema universitario quedará al borde del colapso y 2026 podría iniciar sin clases en todo el país.
