Después de la intimación del Gobierno, que instó a que los colegios privados suspendan las clases presenciales y acaten el DNU presidencial, hoy al mediodía se reunieron los representantes de las cámaras del sector con el ministro de Educación Nicolás Trotta.

Tal como adelantó ayer Infobae, las escuelas particulares desestimaron la intimación y respondieron que seguirán los lineamientos de la administración porteña. Es decir, que continuarán con sus puertas abiertas hasta que la Corta Suprema de Justicia se expida.

Ayer por la noche, las cuatro cámaras con alcance nacional (JUNEP, CAIEP, COORDIEP y CONSUDED) recibieron una carta firmada por Trotta y el ministro de Justicia, Martín Soria. Allí se les pedía que cumplieran con el DNU y volvieran a una modalidad virtual frente al avance de la segunda ola de contagios. Del mismo modo, la carta asumía que eso no sería posible y pedía que se dejaran de computar las inasistencias a alumnos y docentes.

“La reunión fue en buenos términos. No fue un apriete. Entendieron nuestra posición y nos pidieron que seamos más flexibles”, dijo uno de los participantes del encuentro. Trotta les pidió a las cámaras que al menos no sancionen a los docentes que decidan no ir a trabajar amparados en el decreto presidencial, que no se les descuente el día. La respuesta que recibió fue que iban a hacer lo posible para llevar mesura, pero que esa decisión ya depende de cada establecimiento.

De la reunión también participó Marisa Díaz, la nueva secretaria de Educación, que en los hechos es la viceministra de la cartera. El puesto había quedado vacante durante ocho meses después de la salida de Adriana Puiggrós. Hasta la semana pasada, Díaz se desempeñaba como secretaria general del Consejo Federal. Ahora su cargo lo ocupará Mario Oporto.

Algunas horas antes del encuentro con las cámaras, Trotta se reunió con los representantes del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP). Después de recibir denuncias de parte de sus afiliados, los gremialistas le habían pedido una audiencia al ministro con la intención de regularizar la situación de los trabajadores afectados.

La posición de las cámaras fue que los colegios deben responder a lo que consigna su autoridad de contralor directa. En este caso, la Dirección de Gestión Privada de la Ciudad de Buenos Aires, que sostiene la continuidad escolar. En cambio, en la provincia de Buenos Aires, donde la Dirección de Escuelas dispuso el cierre por dos semanas, sí se acató lo que plantea el decreto de Alberto Fernández: ningún colegio bonaerense está abierto.

“Le queremos hacer saber que el Decreto N° 241/2021 es una norma federal que se encuentra vigente, por lo cual corresponde sostener la continuidad educativa no presencial o en contexto virtual hasta el 30 de abril de 2021 en todos los niveles y en todas sus modalidades en el aglomerado del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”, plantearon los ministros ayer en el escrito, que iba acompañado de una convocatoria de urgencia para hoy jueves.

La carta generó incertidumbre en los colegios, que pronto recibieron el llamado de las autoridades del Ministerio de Educación porteño para llevarles tranquilidad. La propia ministra Soledad Acuña minimizó el pedido del gobierno nacional: “Es un llamado de atención pero Nación no tiene jurisdicción para indicar, ordenar ni apercibir en el caso de que los colegios no sigan lo que ellos exponen”, planteó.

La intimación sumó un capítulo más al conflicto por las clases presenciales entre el gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires. El martes por la noche, después de enterarse del fallo del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N° 2, que ordenaba acatar el DNU, Horacio Rodríguez Larreta decidió junto a su gabinete respaldarse en la cautelar emitida el domingo por el tribunal local y sostener la presencialidad. Ahora, la resolución llegará en los próximos días cuando se expida la Corte Suprema de Justicia.