Detrás de las postulaciones de Sergio Massa y Martín Insaurralde se esconden dos ejércitos de fiscalizadores. Son los monumentales dispositivos que el FPV y el Frente Renovador pondrán en la calle el domingo próximo para garantizar que los votantes tengan boletas, los votos entren en las urnas y el conteo refleje lo que votó cada uno.

Para llevar adelante esta ingeniería se necesitan movilizar entre 50 mil y 60 mil personas y, de esta manera, tener fiscales en las 34.023 mesas de votación bonaerenses, fiscales generales en los más de 4 mil lugares dispuestos para sufragar, coordinadores por zona y equipos logísticos para trasladar boletas, cubrir faltazos y asistir, con comida y bebida, a los fiscales, además de custodios para intervenir en caso de incidentes.

Sólo el FPV, sostenido por el peronismo, y el FR, con soporte de su red de intendentes y gremios, tienen estructuras semejantes. Francisco de Narváez creyó, allá lejos, que el pacto con Hugo Moyano le aportaría esa cobertura, pero no fue así. El Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) se recuesta sobre la UCR, que tiene presencia en la provincia interior pero tiene baches, a veces enormes, en el conurbano. El FIT carece de un núcleo masivo y Gerónimo Venegas tuvo que alquilar equipos de fiscalización para que le cuiden los 152 mil votos que obtuvo el 11-A.

Otra cifra impactante: el padrón bonaerense tiene algo más de 11 millones de votantes (en las PASO votaron poco más de 9 millones), pero el protocolo electoral indica que es necesario imprimir, al menos, 40 millones de boletas. El PJ y el massismo hablan de una cifra mayor porque en las primarias el "robo" de boletas fue sistemático y cuantioso.

Estiman más de 50 millones de boletas impresas para repartir en los días previos casa por casa, saturar los circuitos y tener stock sobrante el día de la elección. La relación es curiosa: el kirchnerismo bonaerense imprimió más de 40 millones de boletas pero el día de la elección, en las urnas, sólo hubo 2,6 millones de votos.

Con la campaña casi clausurada, el tramo final de los comandos se concentrará en la fiscalización. Los diagnósticos previos anticipan un comicio con más intensidad y tensión que el que tuvieron las PASO.

El FpV les avisó a sus apoderados de distrito y a los candidatos que no deben permitir que intervengan, en ninguna instancia del operativo electoral, las policías municipales. Fue a partir de notificaciones sobre "actuaciones" durante las PASO de esos cuerpos de seguridad locales en Malvinas Argentinas y San Miguel, entre otros municipios. El FpV elevó el reclamo al comando que integran las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad -Prefectura y Gendarmería- y que cuenta con la participación de la Policía Bonaerense, para prohibir la intervención de las policías municipales, como dispone la ley electoral.

Por su lado, el Frente Renovador dispuso un esquema para fotografiar las actas de escrutinio, para lo cual repartirá celulares entre sus fiscales, recurso para prevenir eventuales irregularidades en las notas que quedan dentro de cada urna con el resultado de la votación. El kirchnerismo, en algunos distritos gobernados por el massismo, hizo lo mismo.

En paralelo, el FR ordenó a sus fiscales -la jefa de ellos es Graciela Camaño- que constaten los telegramas que se dan al Correo para el escrutinio provisorio porque detectaron que en las PASO hubo, sobre un universo de 1.400 mesas controladas, más de 50 con errores que presumen digitados. Esos datos luego se corrigen en el escrutinio definitivo, pero, dicen en el Frente Renovador, está en marcha un mecanismo oficial para alterar el conteo.

El cuarto elemento, entre los más obvios, es mecanizar el ingreso al cuarto oscuro para renovar las boletas luego de comprobar que en las PASO el robo fue permanente, razón por la cual la cantidad de papeletas tiene que ser al menos cuatro veces el padrón electoral. El Estado entrega el equivalente a un padrón y medio a cada partido.