Por Matías Suárez

La discusión pública alrededor de cómo recordar lo que sucedió en la dictadura militar enfrenta a intelectuales, políticos y organismos de Derechos Humanos. La política en el partido de San Isidro no ha sido discutir ni reconocer, los cuatro Centros Clandestinos de Detención aún no señalizados. Tanto es así que el predio donde funcionó Casa SIN fue vendido para realizar un negocio inmobiliario.

En la intersección de la autopista Panamericana y la calle Thames existió Casa SIN, uno de los cuatro Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en el distrito. Los otros tres son el COT I de Martínez, Comisaría 4ta. y el Batallón de Arsenales 601.

Casa SIN, antes de pertenecer al Servicio de Inteligencia Naval -de ahí su denominación SIN- fue una propiedad que perteneció al ex almirante Emilio Eduardo Massera. Fue convertido en un Centro Clandestino de Detención periférico a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) a la que abastecía de detenidos-desaparecidos. Entre las víctimas que transitaron por allí, está la sobreviviente y testigo en la mega causa ESMA, actualmente en proceso, Pilar Calveiro.

Con el advenimiento de la democracia y antes de la asunción del ex presidente Raúl Alfonsín, fue desmantelado, derrumbado y cedido a la Municipalidad de San Isidro, que veinticinco años después lo vendió a una empresa privada luego de una autorización judicial controvertida basada en una inspección ocular sin pericias debajo de la tierra.

La Provincia de Buenos Aires cuenta con una normativa que entra en conflicto con la situación actual del predio. La ley 13.584 obliga a los poderes ejecutivos municipales a señalizar los Centros Clandestinos de Detención y sugiere su preservación. En 2006 los alumnos de la Escuela Media número 6 decidieron llevar a cabo la señalización pintando un mural. Luego de conversar con el intendente Gustavo Posse, y de mantener una reunión con arquitectos de la Municipalidad, la iniciativa no pudo lograrse por la sorpresiva inactividad del municipio. Cuatro años después la situación continúa igual.

Este año, desde el Concejo Deliberante, el bloque del Partido Justicialista encabezado por Santiago Cafiero, intentaron mediante un Pedido de Informe conocer las formas en que el predio fue vendido para lograr su señalización. A pesar de que consiguieron que el proyecto sea aprobado, estas dos últimas intenciones fueron eliminadas y sólo se elevó una consulta a la Provincia de Buenos Aires sobre cómo el Municipio debería cumplir con la ley.

El pasado 28 de agosto, la Comisión de Memoria de Zona Norte realizó una señalización simbólica en el predio y reclamaron su inmediato reconocimiento. En esa oportunidad, vecinos del predio se acercaron para compartir lo que recordaban que allí sucedió. Dos de ellos, que por el momento mantienen su identidad reservada, recientemente declararon ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Entre lo que atestiguaron incorporaron datos sobre el derrumbe y la posibilidad de encontrar en una pericia debajo de la tierra sótanos pertenecientes a lo que fue Casa SIN.

Desde la Comisión de Memoria de Zona Norte aseguran que aceptarán sólo la señalización del Centro Clandestino de Detención luego de una pericia profunda al interior de la tierra del predio para descartar las posibilidades de que haya personas enterradas allí, fundándose en declaración de sobrevivientes y vecinos. Por eso es que la reciente acción judicial fue directamente una solicitud al juez Federal Sergio Gabriel Torres para permitir que esas pericias se realicen. Al mismo tiempo, buscan mediante reuniones con la empresa propietaria del predio demorar cualquier acción constructora en el lugar hasta que no se determine si esa lamentable sospecha es cierta.