Este martes se llevó adelante en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados una nueva ronda de consultas para reformar la Ley de Alquileres. Los principales ejes de la discusión pasan por los plazos de los contratos —que se extendieron de dos a tres años— y el sistema de actualización vigente, que contempla un incremento anual a través de un índice que combina la evolución de los salarios y de la inflación.

El objetivo de estas reuniones es poder sancionar una nueva Ley de Alquileres en la Cámara baja antes de que finalice la primera quincena de mayo. La comisión que conduce la diputada Cecilia Moreau (del Frente de Todos) recibe a unos treinta invitados de asociaciones de inquilinos de todo el país, martilleros, inmobiliarias y propietarios, así como funcionarios de defensa del consumidor.

Algunas de las exposiciones:

Federico Prior, de la agrupación Inquilinos de Neuquén señaló que el Estado debe equilibrar la relación entre inquilinos y propietarios. Y consideró que a pesar de que la Ley actual no logró los resultados esperados hay que seguir profundizando la discusión. “La Ley vino a ser un piso, una base de regulación para un mercado totalmente desregulado que elude la ley permanentemente”, destacó.

El expositor lamentó que la Argentina no pueda regular el precio inicial del alquiler y un tope para la renovación y que haya una intención de volver a los contratos de dos años. “Lo que se discute es la rentabilidad del mercado inmobiliario que quiere volver atrás para ganar más”, dijo a los diputados.

Por su parte, Javier Grandinetti, miembro del Consejo Consultivo de la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario advirtió que la ley vigente se basó en un mal diagnóstico y reclamó que haya una segmentación del mercado de los alquileres. “No es lo mismo un departamento en Puerto Madero que un alquiler social”, señaló.

“Se hizo una lectura rápido de que el problema estaba en el canon locativo y no en la situación económica que le quitaba capacidad de pago al inquilino. Es una crisis de pagos real que nosotros vemos en las inmobiliarias”, agregó. Y lamentó que desde 2001 no hay transferencia de inquilinos a propietario de manera regular por falta de crédito, lo que genera que las familias empiezan a ser inquilinas de por vida.

Grandinetti propuso una política de créditos hipotecarios y, mientras tanto, implementar políticas de mediano plazo para incrementar la oferta: incentivo a la construcción de viviendas para el alquiler y cambios en la regulación impositiva. Hoy cada alquiler es considerado como una actividad comercial para la AFIP, lo que hace que contribuyentes saquen propiedades de alquiler para no ser considerados responsables inscriptos. También pidió quitar del impuesto a los bienes personales a los inmuebles que se destinen al alquiler.

Nire Roldán, del Frente Nacional de Inquilinos y Pymes Locatarios, criticó que el Gobierno no cuenta con ningún dato cierto sobre el mercado de los alquileres. “Vamos despacio que estamos muy apurados por resolver el problema de 9 millones de argentinos”, señaló. Y Maximiliano Vittar, Inquilinos de Córdoba apuntó a que el índice de actualización beneficie más a los inquilinos, de acuerdo a los salarios.

A su turno, Andrés Gariboldi, del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la Argentina (Cofeci) enumeró pedidos de medidas concretas de corto plazo para mejorar la oferta y el acceso a los alquileres:

– Reducción del plazo del contrato de 38 a 24 meses

– Escalonamiento de los aumentos. “No hay ningún producto que se actualice una sola vez al año. Los aumentos tienen que acompañar las paritarias, que son una vez al año pero se dan en forma escalonada”, dijo.

– Reforma del Monotributo, donde cada uno de los inmuebles no sea considerado una actividad distinta.

– Incentivos para que haya más inversiones en inmuebles: con desgravación en Bienes Personales, un blanqueo de capitales a 180 días y que propietario de ese inmueble lo alquile por ocho años.

– Desgravación impositiva en el sector de la construcción.

FUENTE: Infobae