El jefe de Bloque del Movimiento Evita en la Cámara de Diputados, Leonardo Grosso, sostuvo que “estamos hablando con todos los bloques opositores, hay un pedido de interpelación que es una medida previa, y creemos que después del caso Santiago Maldonado y ahora con el asesinato de Rafael Nahuel debe haber un proceso de juicio político contra la ministra Bullrich, y además no debe seguir en su cargo, porque ya tiene 2 muertos en la espalda”.

“Hay una mala gestión a la hora de resolver los conflictos sociales por parte de las fuerzas de seguridad que no están bien conducidas. Lo que dice la ministra es una ridiculez, porque para ellos el planteo de la Prefectura es la verdad, y esto no tiene ningún antecedente. Ella tiene que velar por la verdad y la justicia, es la encargada de eso”, enfatizó Grosso.

Sobre las declaraciones de la vicepresidenta Gabriela de Michetti, el diputado de San Martín expresó que “ellos le dan el beneficio de la duda a las fuerzas de seguridad, pero los muertos están siempre del otro lado. Se quiere construir la idea de una fuerza terrorista armada que quiere ocupar territorio argentinos y que son muy peligrosos, pero siempre los muertos son Mapuches”.

Por su parte, la diputada nacional por Rio Negro, Silvia Horne en declaraciones a Cadena 3 manifestó que “se han perdido vidas en manos de las fuerzas de seguridad, y es una situación que no se puede pasar por alto. Necesitamos con urgencia que funcione el Estado de Derecho, que no sólo sea sancionada la fuerza de seguridad que actuó sino sus responsables ideológicos. Al INAI le hemos pedido reiteradamente su presencia y su responsabilidad y nunca jamás han contestado”.

Se están desoyendo todos los protocolos de seguridad existente, que indican que la acción directa es la última medida luego de haber agotado otras instancias como la búsqueda del diálogo, de una mediación, la búsqueda de actores que puedan restablecer un vínculo institucional”, detalló Horne y amplió: “Estas medidas no se intentaron y se fue directamente a una acción represiva, que pone en duda si las fuerzas de seguridad están sosteniendo la democracia, el funcionamiento de las leyes, la protección de los ciudadanos y el orden general, o si solo están defendiendo las tierras arrebatadas por sectores privados que pujan por sostener privilegios”.