El oficialismo porteño quiso avanzar con el tratamiento a favor de IRSA para permitirle construir Costa Urbana en la Costanera Sur. Como hay una medida cautelar vigente, apuntó con los tapones de punta y cuestionó al juez por “intromisión” en el Poder Legislativo.

Pero no pudo conseguir los dos tercios de los votos requeridos para tratar el tema como cuestión de privilegio.

El jefe del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas, pidió una cuestión de privilegio y denunció que la resolución del magistrado era una “intromisión” sobre las facultades del Poder Legislativo. “Nos vemos afectados como representantes del pueblo de los vecinos de la Ciudad”, explicó.

Antes de la sesión, desde el Frente de Todos habían planteado que “el proyecto ingresó a la Legislatura y obtuvo dictamen en un plazo récord de siete días sin tener siquiera giro a la comisión de Espacio Público y obturando cualquier instancia de debate genuina de cara a la sociedad” e insistieron en que “carece de los estudios de impacto ambiental requeridos por el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad. A su vez, tampoco se analizó la integración que tendría en relación al barrio Rodrigo Bueno ni se informó o consultó a las autoridades de la Comuna 4, donde se ubica el proyecto”.

Jonatan Baldiviezo, referente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, cuestionó que “la Coalición Cívica que pedía que el Congreso respete la orden judicial que impedía avanzar con la remoción de dos jueces ahora se escandaliza porque un juez suspendió el trámite de Costa Urbana porque violaron los procedimientos de la Constitución y el Plan Urbano”.