Con cuatro intentos fallidos, la camioneta del Servicio Penitenciario Federal (SPF) no pudo entrar al country donde Lázaro Baez tiene su domicilio. Un grupo de vecinos del barrio cerrado Ayres de Pilar organizaron una sentada en la zona de ingreso que terminó en una situación violenta con empujones y cascotazos al grito de “volvé a la cárcel la puta que te parió”. Por eso, la combi que trasladaba al empresario tuvo que volver, con el parabrisas astillado, hacia el penal de Ezeiza.

El dueño de Austral Construcciones está encarcelado bajo la figura de la prisión preventiva hace cuatro años y medio. Al no tener condena firme, la Cámara de Casación le concedió el lunes el beneficio de la prisión domiciliaria –con el posterior aval del Tribunal Oral Federal (TOF) 4. Los vecinos de su barrio cerrado ya habían anticipado que se manifestarían con el objetivo de que no se hiciera efectiva. Dicho y hecho, un grupo de ellos se congregaron en la entrada del country para impedir el acceso del móvil del SPF. Con ese afán, algunos hasta se acostaron en el piso o se abalanzaron sobre el capot.

La novia del santacruceño lo esperaba dentro de su casa y aseguró que los vecinos continúan “haciendo vigilancia” delante de su domicilio. Los habitantes del barrio ubicado en el kilómetro 43,5 de la Panamericana esperaban a Báez con carteles que decían “No a la impunidad” y “No a la reforma judicial”. De esta manera, ubicándose en frente de la camioneta, impidieron el avance del móvil, que tuvo que dar la vuelta y reingresar a la autopista camino a Ezeiza. Después, los abogados del sureño también intentaron entrar y recibieron huevazos.

LA CAUSA

La acusación al constructor tiene que ver con la presunta adjudicación irregular de licitaciones de 51 de las 81 obras viales que se hicieron en la provincia de Santa Cruz. En este sentido, la investigación señala que Baez se enriqueció ilícitamente durante los gobiernos kirchneristas, con la sospecha de que haya sido testaferro de la familia Kirchner. En Suiza se encontraron cuentas de Báez por unos 35 millones de dólares, aunque la Justicia de ese país no detectó delito.

El argumento de Báez y sus defensores, Elizabeth Gasaro y Juan Villanueva, es que el constructor ganó de manera inobjetable las licitaciones porque era el único empresario que contaba con miles de obreros y la maquinaria necesaria en Santa Cruz. Según ellos, a las demás constructoras les resultaba inconveniente o muy caro llevar personal y maquinarias a 1800 kilómetros, en una geografía inhóspita en la que no se puede trabajar en invierno.