La Cámara Baja bonaerense finalmente dio marcha atrás en relación a la Ley Impositiva aprobada hace unos días e introdujo una “reforma de la reforma” mediante la cual se deja en suspensión hasta el 31 de diciembre del 2010 el artículo 26 que grava la actividad portuaria. En contraposición, se modificó la ley de administración de los puertos quitándole la exención de todo gravamen a las actividades desarrolladas por los Consorcios de Gestión de Bahía Blanca y Quequén, con lo cual estarán afectadas a pagar Ingresos Brutos pero exceptuadas de pagar el impuesto a los sellos.

También se incorporó una modificación a pedido de la mayoría de los intendentes mediante la cual se deja en un 1,5% la alícuota sobre los servicios de recolección de residuos, barrido y limpieza, en lugar del 3,5% que tributaban.

La suspensión del artículo 26, que implica un retroceso evidente por parte del oficialismo -que había aprobado la Ley emanada por el Ejecutivo sin reformas-, dio lugar a una especie de “mea culpa” oficial y una recriminación desde la oposición, si bien desde ambas partes se destacó haber retornado al diálogo.

El titular de la comisión de Presupuesto e Impuestos, Franco La Porta (FpV), fue la voz del oficialismo en este tema y justificó el tratamiento acelerado del proyecto para dar respuesta a una necesidad del Poder Ejecutivo provincial. “No se soslaya los temas pero sí se los trata con celeridad” señaló, aunque reconoció los errores en el proyecto.

Además manifestó que suspender el gravamen para tener tiempo para discutirlo era la mejor opción frente a una ley que ya había sido sancionada

La oposición, en cambio, acompañó la nueva reforma salvo en el artículo que habla de la suspensión, ya que lo que en realidad buscaban era su derogación.

En este sentido el diputado Walter Martello (Ari-CC) expresó que, al suspenderlo, en el 2011 va a quedar en vigencia una tasa que es del 2009 lo que significa “un despropósito”. Además agregó que la oposición había advertido desde un principio que algunas medidas del proyecto no se iban a poder aplicar.

En relación a ello Martello enfatizó que la marcha atrás del gobernador se debió a la presión de las corporaciones y de los sindicatos afectados y no por la opinión de la oposición “que ya la había expresado en reuniones previas”. Asimismo mencionó que hay otras vías para recaudar pero que “nunca se tocan a los sectores de privilegio”, y citó como ejemplo a aquellos vinculados al juego “que tienen ganancias como no las tienen en ningún otro lugar en el mundo”.

Por su parte el diputado Ricardo Jano (UCR) hizo hincapié en que no se había visto nunca que los legisladores oficialistas sancionaran una ley emitida por el Ejecutivo y luego, al día siguiente de haber sido votada, el gobernador se reuniera con diversos sectores para modificarla. “Se manda al matadero a los amigos” señaló, y agregó que tampoco entendía “para qué”, ya que la reforma sólo cubriría un 10% del déficit provincial del año próximo.

Las disertaciones de los demás legisladores giraron alrededor de los mismos puntos. Además algunos dudaron de la “constitucionalidad” de reformar una ley que no ha sido promulgada; otros enfatizaron lo irregular que es votar por una norma impositiva para el 2010 sin tener el presupuesto para ese año, y más de uno sacó a relucir el tema del pedido de mayor coparticipación para salir del déficit estructural provincial.

PERMITIDO ENDEUDARSE

Otro tema relevante fue la aprobación de dos iniciativas ingresadas por el Poder Ejecutivo que permitirán al gobierno provincial contraer deuda por unos 850 millones de pesos.

Una de ellas modifica la ley que permite recurrir al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional para financiar obras hidráulicas y viales, incrementando el monto autorizado de 316,5 millones a 600 millones de pesos.

La otra posibilita el endeudamiento de hasta U$S 65.000.000 con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco del Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Menores (PROAS), que se ejecuta a través del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento.

Además, durante la sesión se aprobó una ley que permite a los municipios condonar parcialmente el capital y los intereses de las tasas municipales cuando determinadas razones sociales así lo justifiquen y siempre y cuando cuenten con la aprobación de sus respectivos Concejos.

Cabe resaltar también que se reincorporó al recinto el diputado Juan de Jesús (FpV), que estaba en la Subsecretaría de Asuntos Municipales; y la diputada Marta Trevisán tomó juramento en reemplazo de Silvia Caballero, quien fuera convocada a ser titular de la Subsecretaría de Control Sanitario.