Desde mayo, la provincia de Buenos Aires habilitará el cobro de deudas a contribuyentes morosos de impuesto por Patente e Inmobiliario a través de las facturas de servicios públicos, televisión por cable y resúmenes de tarjetas de crédito.

Son deudas de 2010 hasta ahora, a punto de ser judicializadas, y representa unos 380 millones de pesos para el fisco bonaerense.

Es parte de un plan de facilidades de pago sin tope para el número de cuotas. ARBA -la agencia de recaudación provincial-, prevé incorporar al sistema como “agentes de cobro” a bancos, tarjetas de crédito, empresas de TV cable e Internet, telefonía celular y de servicios públicos (luz, gas, teléfono). La propuesta es que lleven en sus boletas y resúmenes de cuenta, parte de las deudas impositiva con el Estado.

Para ello, sólo se podrá retener para la cancelación de la mora una alícuota de entre 0,5% y 5%. De esta manera, si un usuario de EDELAP paga 100 pesos, ARBA retendría hasta 5 pesos adicionales por encima de esa cantidad. Es decir, en ese caso, el monto a pagar sería 105 pesos.

Un dato: esta retención podrá diversificarse en varias facturas, por ejemplo, 2% en la de gas, otros 2% en la del agua y un 1% restante en la del cable.

El plan de recupero de deudas no tendrá cuota fija y los valores que se incluirán en las boletas tendrán relación con el monto de las facturas o los consumos que realice el contribuyente deudor.

Según explicaron en ARBA a Clarín, el sistema tiene carácter “obligatorio” para el agente de cobro porque “es una carga pública determinada por una norma de la Legislatura”.

El contribuyente en mora podrá ingresar con su clave a la página de ARBA y, si está incluido en el registro, podrá pedir su exclusión y optar por la forma convencional de cumplimiento con plan de pagos especiales, moratorias u otros.

Después de los cinco años de incumplimiento tributario por Patente e Inmobiliario ARBA inicia la intimación judicial de la deuda.

La nueva modalidad tiene soporte legal en un retoque a la ley Fiscal sancionada en diciembre 2014 por el parlamento. No obstante, su aplicación es compleja y será de aplicación gradual. Requiere de un compromiso previo, específico, de las empresas -en cualquiera de sus variantes- que se incorporen al sistema para retener deuda a favor del estado. Para ello, la administración de Daniel Scioli procura la firma de convenios con las cámaras respectivas.