Desde la Multisectorial se efectuó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado Nacional, un recurso jurídico que habilita el pedido de un amparo contra actos y omisiones de autoridad pública que lesiona derechos constitucionales .

Dicha petición incluye la solicitud de una medida cautelar que suspenda de inmediato la ejecución de todas las medidas tendientes a la implementación o consolidación de la transformación institucional del INTI dispuesta por el mencionado Decreto que implique la pérdida de su autonomía financiera, reestructuración jerárquica, transferencia de funciones o recursos y cualquier decisión de desplazamiento o despido de personal.

El objetivo es preservar la situación jurídica e institucional vigente en el Instituto con anterioridad al decreto impugnado, evitando daños irreparables.

La causa se alojó en el Juzgado Contencioso N8 a cargo de la Jueza Cecilia Gilardi de Negre quien tiene en sus manos el destino de 1.140 trabajadorxs (el 50% del total del personal del Organismo) que están a las puertas de perder su fuente laboral por el solo hecho de trabajar en sectores signados en el Decreto como «prescindibles» o bien por estar bajo la Ley de Contrato de Trabajo.

Si la jueza da lugar a la medida cautelar interpuesta por la Multisectorial, además de preservar la totalidad de los puestos de trabajo estaría garantizando el normal funcionamiento del Instituto, custodio indispensable de la seguridad y calidad de los productos que se consumen en nuestro país y principal referente de transferencia de tecnología al sector productivo nacional.