Luego del fallido encuentro de la semana pasada, el plenario de comisiones para debatir la Ley de Humedales se convocó para este jueves a las 13 horas. La norma debe obtener dictamen sino perderá estado parlamentario. La discusión se dará en conjunto entre Ambiente y Recursos Naturales, Agricultura y Ganadería, y Presupuesto y Hacienda.

La semana pasada estaba pautada la reunión, tras un cuarto intermedio que duró un mes y medio, y no contó con decenas de diputados de la oposición que se ausentaron luego de la presión del lobby rural y minero y de los gobernadores del interior del país

El radical Ricardo Buryaile, presidente de la comisión de Agricultura y Ganadería, fue quien definió el cuarto intermedio que se extendió por seis semanas a pedido de los gobernadores del Norte del país.

Las organizaciones ambientalistas y científicos que elaboraron el proyecto, aclararon que el único fin de la ley es regularizar las actividades que se desarrollan sobre los humedales y conocer cuántos territorios de este tipo se encuentran en el país. Por eso, también detallaron que es clave lograr una definición. Quieren que en las provincias se haga un inventario y afirman que proteger la biodiversidad no significa prohibir la producción, sino protegerla para que sea sustentable en el tiempo. El 21% del territorio nacional está compuesto por humedales.

Los activistas ambientales afirman que aceptan buscar proyectos de consenso, pero que no deben darse de espaldas a la sociedad, y sino movilizarán en las calles.

En el Frente de Todos y en Juntos por el Cambio prometen que habrá quórum este jueves y cada sector impulsará iniciativas propias. Hay final abierto.

Todas las fuerzas adelantaron su presencia para que haya quórum. La cita es a las 13 horas en el Anexo C. La Comisión que preside Buryaile también convocó de manera formal, y se suma a las de Recursos Naturales y de Presupuesto, que conducen Leonardo Grosso (autor del proyecto de consenso) y Carlos Heller, ambos del Frente de Todos.

Con ese primer paso se reactivará la discusión sobre un “Régimen de presupuestos mínimos para la identificación, conservación, protección, restauración ecológica y uso racional de los humedales”.

Entre dos proyectos

De las diez iniciativas que había al inicio del debate, esta semana las negociaciones se centraron en solo dos, una por cada bloque mayoritario y que cuentan con la mayor cantidad de firmas.

El proyecto presentado por el diputado nacional Leonardo Grosso (Frente de Todos) expresa una síntesis de los aportes de más de 500 organizaciones socioambientales y especialistas de universidades. Ya tuvo dictamen en 2020 en Recursos Naturales, pero perdió estado parlamentario.

El desafío de ese sector era lograr el apoyo de los legisladores que responden a los gobernadores del norte, quienes se oponen a la ley y frenaron el plenario del 29 de septiembre con un comunicado desde Estados Unidos. Temen que una normativa ponga en riesgo las inversiones para extraer litio de los salares.

El articulado de ese expediente plantea un dilema. Si se modifican algunos principios (como ceder el poder de hacer el inventario y fijar el ordenamiento a las provincias y no a la Nación), el oficialismo podría superar sus diferencias internas e imponer dictamen de mayoría. Pero eso no estaba garantizado y la discusión continuaba en la víspera.

En la oposición, el texto que buscará imponerse es el de la santafesina Ximena García. La iniciativa de la radical en Juntos reúne más de 40 firmas en su bloque y tiene su réplica en el Senado. Uno de los avales que sumó fue el de Gabriela Lena (autora a su vez del tercer proyecto de ese espacio).

Si bien el plan original otorgaba un plazo de tres años para finalizar el inventario federal (es decir definir cuáles y dónde están los humedales) y luego otro más para el ordenamiento provincial, la última modificación es que el mapeo ya no sería “federal” sino provincial.

La cantidad de votos de los dos bloques principales son similares (entre 116 y 118 cada uno), y la búsqueda de aliados puede definir la votación en el plenario.

El resultado de la negociación y de la votación definirá el devenir del debate. En primer lugar porque las organizaciones medioambientales avisaron este martes que si se altera el proyecto consensuado en su momento se opondrán a la sanción y se manifestarán en las calles. En paralelo, si el proyecto Grosso no se abre y logra nuevos consensos podría salir como dictamen de minoría.

En el recinto en la Cámara de Diputados se optaría por sí o por sobre el dictamen de mayoría. Una eventual media sanción antes de fin de año podría tener la particularidad de ser reprobada por las agrupaciones verdes que empujaron el debate en primer momento (y desde hace ya diez años).

Puntos claves

Los proyectos de ley tienen varios artículos pero hay tres grandes ejes que definen buena parte de la discusión. En primer lugar la definición de humedales. No es una formalidad técnica. De eso depende que la regulación alcance al 21% del territorio nacional o el 9,5%, como plantea por ejemplo el nuevo mapa elaborado por el Inta y presentado este año.

El segundo tema es el inventario: dónde están, cuáles son, qué características tienen esos ecosistemas. El pedido original era que ese trabajo esté a cargo de la Nación. Si no es federal, cada provincia podría definir por su cuenta. Esa característica fue la que debilitó, entre otras cosas, la implementación de la ley de bosques.

Además, un humedal compartido por varias jurisdicciones (como el Delta del Paraná) podría serlo de un lado de la frontera y no del otro. Eso buscaría evitar la “coordinación” federal, aunque esa figura no tiene el mismo peso que estar a cargo.

El ordenamiento, es decir qué se puede hacer (y en todo caso cómo) y qué no, quedaría en manos de las provincias. Eso es algo que contemplarían las dos normativas.

En síntesis, las diferencias entre los dos proyectos mayoritarios ya no serían tantas ni tan profundas como al comienzo del debate, cuando este medio desarrolló las cuatro variables principales (el presupuesto destinado es otra).