El juez federal Ariel Lijo resolvió unificar las causas que involucran al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, por enriquecimiento ilícito e irregularidades en el levantamiento de la quiebra de la imprenta de papeles de seguridad Ciccone.

En la misma resolución, el magistrado ordenó profundizar la investigación del patrimonio de los imputados en ambas causas, al declarar la conexidad de las investigaciones. Asimismo, confirmó la validez del allanamiento que se realizó en un departamento propiedad de Boudou, en Puerto Madero.

Entre las medidas de prueba dispuestas, el juez le solicitó a la AFIP que gire las declaraciones juradas presentadas por todas las personas que están siendo investigadas, entre las que también se encuentra el empresario Alejandro Vandenbroele.

También se pidieron datos sobre los bienes (inmuebles, autos, embarcaciones y aviones) que poseen los imputados en distintas jurisdicciones, información sobre sus antecedentes en emprendimientos comerciales e información financiera que administran el Banco Central de la República Argentina, la Anses, y la UIF.

Fuentes judiciales confirmaron que el fiscal Jorge Di Lello continuará a cargo de ambas investigaciones y que la recusación planteada por uno de los imputados contra el fiscal Carlos Rívolo quedó "abstracta".

De esta forma, Rívolo, quien fue recusado por el abogado Diego Pirota –representa a José María Núñez Carmona, amigo del vicepresidente Boudou–, quedó fuera de la investigación. Había sido recusado por violación del secreto de sumario al difundir detalles del allanamiento que el entonces juez del caso, Daniel Rafecas, ordenó en el departamento de Puerto Madero.