Los trabajadores judiciales vemos con honda preocupación y rechazamos las declaraciones de la Ministro de la Corte, Dra. Carmen Argibay (que luego fueron ratificadas por el Ministro Fayt) en relación al presupuesto y el retraso de las causas de derechos humanos, en respuesta a las afirmaciones de la Presidenta de la Nación. Lo hacemos no sólo por entender que las mismas no se ajustan a la verdad, sino también por el uso que de ellas hicieron los medios de comunicación que obviaron importantes tramos de las declaraciones en los que se hacía referencia al retraso en el juzgamiento de los responsables de los delitos de Lesa Humanidad.

En relación a esto último, cabe decirse que la Dra. Argibay indicó que no era sólo una cuestión de dinero, y reconoció que muchos jueces tienen la culpa o la responsabilidad del retraso. Curiosamente, tan importante consideración, no formó parte de la discusión masiva, y eso debe llamar a la reflexión a la sociedad en su conjunto.

Para nuestra organización gremial, esa no es una causal más, sino precisamente la causa fundamental del retraso.

Esto es aun forman parte de la planta de magistrados, muchos designados por la misma dictadura cuyas atrocidades deben juzgar o sin haber sido nombrados por ella adscriben fervorosamente a su ideario reaccionario y genocida.

Y la falta de presupuesto que puede explicar el retraso en algunos fueros como el labora, el de la seguridad social o el furo comercial donde las plantas de personal son insuficiente, no se aplica a las investigaciones por las violaciones a los derechos humanos.

En efecto, en el año 2006 el Poder Ejecutivo autorizó la creación de 1100 cargos para reforzar las plantas de personal de los tribunales encargados de las investigaciones de los delitos de lesa humanidad. Coherentemente con la denuncia que realizamos, l mayoría de lo jueces en lugar de nombrar personal competente para avanzar en estas causan que buscan juzgar con justicia tamaño latrocinio sufrido por nuestro pueblo, utilizaron eso cargos para nombrar parientes o amigos.

De esa forma siguieron planchando las causas con el claro objetivo de garantizar la impunidad de los genocidas.

Lo grave que a pesar de haber denunciado ante la Corte Suprema este hecho, hace 3 años (15 de noviembre de 2006) el Alto Tribunal nada hizo a pesar de corroborar la verdad de la denuncia realizada. Denuncia que reiteramos en una comunicación pública en agosto del 2007.

Los trabajadores esperábamos de la Corte un mensaje razonable de autocrítica. Lamentamos y nos preocupa que esto no haya sido así, porque nosotros también estamos convencidos de que como dijo la Presidenta de la Nación "es la hora de la Justicia", y la Justicia se construye con verdad. Esa verdad que exige la sociedad para juzgar a los responsables de genocidio, es la misma verdad con la que se tienen que manejar las máximas autoridades del Poder Judicial para recuperar la confiabilidad de la ciudadanía.

La construcción de una Justicia definitivamente transparente, democrática y equitativa, es el compromiso de lucha que reafirmamos los trabajadores (que hoy más que nunca nos sentimos la reserva moral de la Justicia) ante quienes pretenden con el engaño y la confusión, retroceder en el camino de la recuperación del Poder Judicial iniciado hace pocos años, en le marco del proyecto nacional y popular.

Por Julio Piumato y Laura Iparraguirre, Secretario General y Secretaria de Prensa de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN)