Estafa, abuso de autoridad, tráfico de influencias y cohecho, son los delitos por los que se investiga al Presidente.
La Justicia federal ha imputado al presidente Javier Milei en el marco de la causa que investiga su posible participación en el escándalo denominado «Criptogate», relacionado con la criptomoneda $LIBRA, cuyo repentino ascenso y posterior desplome generaron graves pérdidas económicas.
El fiscal Eduardo Taiano, encargado del caso, determinó que existen elementos suficientes para sospechar de delitos como estafa, abuso de autoridad, tráfico de influencias y cohecho, lo que pone a Milei bajo el foco de una profunda investigación judicial.
El escándalo comenzó cuando el presidente promocionó públicamente $LIBRA, lo que generó un aumento vertiginoso en su cotización. Sin embargo, el valor de la criptomoneda cayó abruptamente en pocas horas, lo que afectó a más de 40.000 inversores, entre ellos numerosos ciudadanos de a pie.
La denuncia, presentada por el dirigente social Juan Grabois y el diputado nacional Itai Hagman, sostiene que el presidente podría haber estado involucrado en maniobras de compraventa con información privilegiada, beneficiando a un reducido grupo de inversores.
A la par de Milei, también están siendo investigados varios personajes clave que formaron parte del entorno de la criptomoneda. Entre ellos destacan los presuntos impulsores internacionales de $LIBRA, Hayden Mark Davis y Julian Peh, así como empresarios como Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes fueron responsables del evento Tech Forum 2024, donde se habría gestado la vinculación entre el presidente y el proyecto.
Además de los ya mencionados, el fiscal Taiano ha puesto su atención sobre figuras cercanas a la Comisión Nacional de Valores (CNV), como Sergio Daniel Morales, quien ocupa un puesto de asesor en la entidad y sería uno de los posibles involucrados por conflictos de interés.
El fiscal también ha solicitado una serie de medidas probatorias, entre ellas informes al Banco Central y la CNV, con el fin de rastrear las transacciones sospechosas y determinar si se trató de un esquema de estafa o manipulación financiera.
Fuente: Grupo La Provincia.
