La Justicia española rechazó extraditar a la ex presidenta argentina Isabelita Perón, de 77 años, donde se la acusa de estar relacionada con crímenes cometidos por la Triple A durante su mandato.

Los dos magistrados, el juez federal de la Capital, Norberto Oyarbide, y el de Mendoza, Héctor Acosta, imputan a Isabel por sus responsabilidades cuando era presidenta, entre 1974 y 1976, en las actividades criminales de la Triple A que cometió más de 1.500 crímenes y atentados. Entre los delitos, el fiscal mencionó la desaparición de diez personas. El grupo de asesinos estaba comandado por el "Brujo" José López Rega, ministro de Bienestar Social del último gobierno peronista, quién tenía gran influencia sobre la Presidenta.

El pasado 14 de abril, la fiscalía de la Audiencia Nacional defendió ante el juez, en una vista para estudiar su posible extradición, que la ex presidenta debe ser juzgada en Argentina. La defensa de Isabelita, que reside desde hace más de dos décadas en Madrid, esgrimió para evitar su extradición que es ciudadana española, además de su precario estado de salud por su edad.

Argentina la acusa de estar relacionada con dos presuntos delitos de detención ilegal y torturas contra dos ciudadanos. Por esa causa, la Audiencia Nacional ordenó su detención en enero de 2007 y posteriormente la dejó en libertad provisional.

Poco después, la corte española le comunicó la existencia de una segunda orden de detención contra ella dictada por las autoridades judiciales argentinas por su presunta responsabilidad en los crímenes de la Triple A.

El gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero sí dio luz verde en febrero para la extradición a Argentina de Rodolfo Eduardo Almirón, acusado en el país latinoamericano de delitos de lesa humanidad y genocidio cometidos al inicio de la década de los 70 por la Triple A.