Leonor Barbero, en consonancia con su hijo y ex ministro de Agroindustria de la gestión macrista, Luis Miguel Etchevehere, había presentado formalmente una denuncia de usurpación en contra de su otra hija, Dolores. La jueza de segunda instancia María Carolina Castagno resolvió el desalojo inmediato de las tierras en disputa, en donde también se encuentran más de 40 militantes del sector liderado por Juan Grabois.

A propósito del fallo, el abogado de la hermana del ex ministro, Lisandro Mobilia, aclaró que apelarán la decisión y que hasta que no haya una respuesta al amparo no se retirarán del predio. Fuera de la estancia, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich se hizo presente para acompañar a los Etchevehere que exigen el desalojo.

«Carece de toda relevancia la discusión sobre el título de propiedad o el estadío del proceso sucesorio. Tal conclusión habilita la procedencia de la cautela interesada a saber el reintegro inmediato de establecimiento rural identificado como Casa Nueva», dijo la magistrada sobre el pedido por parte de la familia del exfuncionario.

Dejó establecido que en la restitución de la propiedad solo se haga uso de la fuerza en la medida de lo indispensable.

En los argumentos de su decisión en la que estableció el «reintegro inmediato», la jueza daba a conocer documentos que presentaron ambas partes. Uno de ellos era el convenio en el que Dolores renunció a inmuebles a cambio de un pago en dólares, a lo que se concluye que no es socia accionaria de Las Margaritas S.A. quien preside su madre, Leonor. No obstante, la ahora referente del Proyecto Artigas señala que su firma fue falsificada.

Castagno dijo que en la audiencia del día de ayer no se contradijo que entraron unas 40 personas con Dolores y que están trabajando la tierra. Además relató la violencia que sufrieron trabajadores de «Casa Nueva» por parte de los invitados de la hermana de los Etchevehere por lo cual dijo que se cumplían las características de una toma de posesión a la fuerza. Además, la magistrada indicó que varios de los “invitados” no tienen domicilio en la provincia y remarcó los impedimentos para circular en el contexto de la pandemia por el coronavirus.

A su vez, exigió que se identifiquen a los ocupantes y se deje constancia. Además, dejó establecido que en la restitución de la propiedad solo se haga uso de la fuerza en la medida de lo indispensable.