En el seno de la UBA hay un conflicto que nunca debió haber existido. Es el que ya desde hace meses se ha suscitado alrededor de la cesantía de profesores por haber alcanzado la edad de 65 años : unos 150 en este momento, otros 500 que corren el mismo riesgo a fines de diciembre, más los que se irán sumando de aquí a entonces, y por supuesto el año próximo, pues la gente tiene la costumbre de seguir cumpliendo años.

No debió haber sucedido, porque las objeciones que esos profesores oponen a semejante resolución son perfectamente racionales, completamente sensatas y fácilmente comprensibles.

¿Por qué? Veamos: 1) Es racional, sensato y comprensible que los docentes demanden que se acate la Ley 26508 votada a fines del 2009 por el Congreso de la Nación, y que les otorga el derecho a la opción de permanecer cinco años más en sus cátedras, siendo la UBA la única de las 49 universidades nacionales que no lo hace; 2) Es racional, sensato y comprensible que los docentes discutan que se use el argumento de la autonomía universitaria para tomar esa medida, ya que si bien “autonomía” es un concepto elástico y condicionado históricamente, f ue pensado para beneficiar a la UBA, no para perjudicarl a; 3) Es racional, sensato y comprensible que los docentes consideren que con estas medidas se estaría perjudicando gravemente a la UBA, ya que de la noche a la mañana quedarían desmanteladas cientos de cátedras, equipos de investigación y planes de extensión, subsidios, becarios, etcétera, sin que se hayan tomado previsiones para reemplazarlos; vale decir, los afectados no serían 650 sino miles de trabajadores docentes, más por supuesto los estudiantes; 4) Es racional, sensato y comprensible que los docentes recusen el argumento de que hay que “dejarles lugar” a los más jóvenes, cuando “lugar” es lo que sobra: en muchísimos casos se trabaja con cátedras sobresaturadas que perfectamente podrían desdoblarse en dos o tres para “hacer lugar” a todos los que estuvieran en condiciones de ascender, y al mismo tiempo respetando los derechos de los docentes actuales; ganancia para todos, ¿cuál podría ser el problema? Evidentemente ninguno, puesto que los docentes más jóvenes, lejos de haber entrado en algún “individualismo competitivo”, están acompañando firme y masivamente los reclamos de sus “mayores”, al igual que los estudiantes; 5) Es racional, sensato y comprensible que los docentes supongan que esto, entre otras cosas, es parte de un “ajuste” que desde hace mucho se verifica en la UBA con, por ejemplo, la existencia de miles de docentes “ad honorem” y miles más interinos (es decir, una muy seria inestabilidad laboral), cada vez más deterioradas condiciones edilicias, etcétera; 6) Es racional, sensato y comprensible que los docentes cesanteados se hayan sentido profundamente dolidos por -además de conculcarse sus derechos adquiridos- haber sido automáticamente “borrados” del plantel de la UBA de un día para el otro, sin que ninguna autoridad creyera necesaria la elemental consideración de darles un mínimo tiempo de preaviso a docentes que hace décadas que le dan su vida y su dedicación a la enseñanza y la investigación; 7) Es racional, sensato y comprensible que los docentes se sientan extremadamente preocupados acerca de su supervivencia futura , en tanto creyéndose amparados por la Ley 26508 muchísimos de ellos no han iniciado los trámites jubilatorios, y otros tantos no alcanzan aún los 25 años de antigüedad que les permitirían jubilarse con el 82 % que la misma Ley indica; 8) Es racional, sensato y comprensible que docentes que por definición tienen la más larga experiencia acumulada en décadas de transmisión de sus saberes, sientan que de ningún modo se puede decretar que se han vuelto repentinamente ineptos para enseñar, investigar, escribir, dirigir tesis: a esta altura del desarrollo vital promedio, sería absurdo decidir que el trabajo intelectual y académico entra en mora a los 65 años; esto es lo que han entendido, por lo visto, los legisladores que propusieron (y votaron por unanimidad de ambas cámaras) la Ley 26508; 9) Es racional, sensato y comprensible, finalmente, que los docentes pretendan ser escuchados por la sociedad que con sus impuestos sostiene a la Universidad, y por ello tomen medidas pacíficas, racionales, sensatas y comprensibles para llamar la atención de la opinión pública y pedir la solidaridad afectuosa y activa de la ciudadanía.

Lo que aquí está en debate es la educación pública de las próximas generaciones. Frente a esa racionalidad, esa sensatez y esa comprensión, ¿quién puede rechazar las demandas de los docentes de la UBA? ¿Quién, y por qué?