La principal preocupación de la Iglesia es el impacto de esta medida en los sectores más vulnerables. “Cualquier joven desde el celular podrá estar en línea con la enorme oferta que presenta el juego on line, la población de alta vulnerabilidad en la que vivimos recibirá mensajes ambiguos y peligrosos”, remarcaron, y repudiaron que el Estado provincial en lugar de ofrecer posibilidades para capacitarse y conseguir su primer trabajo, ofrezca la «timba como posible solución a su vida”.

El temor es que los sectores más pobres vean a las apuestas por celular como una “posible solución mágica” a su situación económica y social. “Sabemos por experiencia el dolor que causa en la familia cuando el juego se torna peligroso”, advirtieron. “Esto supone que todo aquel que está bancarizado, aunque sea por las asistencias sociales, sería un posible jugador”, alertaron.

Por otra parte, pusieron la eficacia de la reglamentación de la ley para “atender” los casos de ludopatía y rechazaron la justificación del oficialismo de que esta norma frena el negocio del juego clandestino. “Se antepone un objetivo meramente recaudatorio y legalizan el negocio de unos pocos sin considerar los daños que deja”, enfatizaron los obispos.

El proyecto de juego on line había generado resistencia hasta dentro de la bancada de Cambiemos, pero la presión del Ejecutivo bonaerense logró reunir los votos necesarios. El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, aseguró que con esta ley se recaudarán hasta $ 15.000 millones extras por año. Vidal dijo que serían unos $ 3.000 millones, con siete empresas con licencia. «Estoy en contra del juego ilegal y para restringir el juego ilegal, no estoy de acuerdo con el juego en la provincia y todo lo que hice fue aumentar ingresos brutos», señaló.

Desde la oposición, principalmente Unidad Ciudadana, fustigaron la iniciativa y desmintieron esas cifras. “Lo peor es que se le abre una puerta al lavado de dinero. En el mundo las instituciones tienen el ojo puesto en el juego online, que es el lugar más fácil donde colar el dinero en negro. La provincia no es Las Vegas y no queremos que cada casa se convierta en un casino”, se quejó en el recinto la senadora Teresa García.

“Es claramente inconstitucional porque busca eludir el artículo 37 de la Constitución de la provincia, que dice taxativamente que no se pueden regular los juegos de azar para su explotación privada, ni tampoco respetan el destino de los fondos recaudados. El texto que mandaron es muy deficiente”, afirmó García. Una vez sancionada, el kirchnerismo prometió avanzar con un pedido de inconstitucionalidad. Por normativa, la Provincia recaudará el pago del 15% de Ingresos Brutos a siete licenciatarias.