La polémica desatada la semana pasada por el juez de la Corte Eugenio Zaffaroni, precedida por discusiones entre políticos sobre la conveniencia de bajar la edad de imputabilidad, parece contar con un fallo contundente de parte de la opinión pública. Según un estudio de la consultora Management & Fit revela que el 71 por ciento de los entrevistados reclama modificar la ley de imputabilidad para los menores como herramienta para combatir la inseguridad. Esto podría significar un importante aval para la intención del Gobierno, anunciada ayer por el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, de crear un régimen penal juvenil.

El dato no debería pasar desapercibido para el Ejecutivo nacional, fundamentalmente porque el 44 por ciento de los encuestados responsabiliza al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por el incremento de los episodios delictivos en el país.

El sondeo elaborado sobre 1.400 casos en cinco provincias del territorio argentino se conoce en la semana que el Ejecutivo anticipó la creación de un nuevo régimen penal para los delincuentes de 14 a 17 años. El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad establecida en la ley había sido impulsado meses atrás por el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, cuando asesinaron al ingeniero Ricardo Barrenechea en la puerta de su casa. En aquel momento, la postura del ex motonauta provocó un aluvión de cuestionamientos por el riesgo de un retorno a las políticas conocidas como de “mano dura”.

La discusión se reactivó esta semana cuando un joven de 14 años asesinó de nueve balazos a Daniel Capristo delante de su hijo. El crimen del camionero generó todo tipo de reacciones: una respuesta del ex presidente Néstor Kirchner en un acto de San Miguel; una marcha multitudinaria en la plaza principal de Lanús y una concentración el viernes a la noche en el Obelisco.

Rápido de reflejos, Aníbal Fernández adelantó que el Gobierno enviará en los próximos días al Congreso un proyecto de ley para la apertura de un nuevo sistema penal para adolescentes. Pero poco se sabe sobre el contenido del plan que elaboró el gobierno de Cristina Fernández. “Todo menor sabe que matar y robar está prohibido. Si se está ante un delito grave es necesario que tenga sanciones graves”, se limitó a explicar Fernández en diálogo con Radio 10.

Encuestas. Según Management & Fit, la problemática de la inseguridad es la mayor preocupación de las personas consultadas. El 69 por ciento considera que es la principal prioridad que debe combatir el Gobierno. Siguen en orden descendente la desocupación con el 56 por ciento y la educación con el 39 por ciento.

En Olivos, un sondeo sobre 900 casos en Capital Federal que encargaron los hombres del ex presidente Néstor Kirchner para medir la imagen de los dirigentes porteños consigna también que la inseguridad es el reclamo central. El porcentaje supera ampliamente el 50 por ciento.

Consultados sobre cuál es el origen del problema, el 21 por ciento de los entrevistados contestó que el aumento de los episodios violentos es generado por la inequidad y las desigualdades sociales; el 15,5 por ciento culpó a la Justicia y el 16,4 por ciento responsabilizó del incremento de los índices al deterioro de las fuerzas policiales. Todos indicadores muy lejanos al 44 por ciento que consideró al Gobierno como el responsable mayor del índice de delitos.

Reacción. El proyecto para crear un nuevo régimen penal juvenil siguió cosechando ayer adhesiones. Scioli, de visita en la localidad de Campana, expresó que “ninguna ley por sí sola resuelve el problema pero es impostergable que se trate el Código Penal”. Y agregó que “no le podemos decir a la sociedad que no tenemos respuestas frente un menor que agarra un arma, mata y destroza a una familia”.

El ex motonauta, quien había sido uno de los impulsores del Plan Nacional de Seguridad, explicó que “cuando yo lo propuse en su momento salieron voces de todos lados criticando. Ahora se dan cuenta de lo que había dicho hace prácticamente un año”.

El ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian también se manifestó a favor de modificar el sistema judicial para menores. “Es un recurso que contribuye”, sostuvo Arslanian.

Por último, el presidente de la Junta Federal de Cortes, Rafael Gutiérrez, cuestionó el rol de la Justicia en las políticas públicas contra la inseguridad. “No es responsabilidad de los jueces la aplicación de políticas de seguridad”, dijo.

FUENTE: DIARIO PERFIL