La Corte Suprema de Justicia decidió este martes convocar a dos conjueces para resolver si se reabre una causa por presunto lavado de dinero que involucra al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. La medida se tomó luego de que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti no lograran alcanzar un acuerdo, situación agravada por las dos vacantes existentes en el máximo tribunal, que impidieron reunir la mayoría de tres votos necesaria para dictar sentencia.

Los conjueces designados por sorteo son el presidente de la Cámara Federal de Córdoba, Abel Sánchez Torres, y el presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Pablo Candisano Mera, quienes deberán votar junto a los ministros de la Corte.

La investigación se inició en 2016 por impulso de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que cuestionó la compra de un inmueble en Miami por 402.963 dólares realizada en 2011 por la sociedad IconUnit 1704, constituida por Macri, entonces legislador bonaerense, y su esposa. Según la denuncia, parte del dinero provenía de un préstamo de una sociedad uruguaya, Fawsley SA, que luego fue cedido a una firma panameña vinculada a la familia Macri. Para los fiscales, ese préstamo habría sido simulado, lo que generaba sospechas sobre el origen de los fondos.

En mayo de 2019, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado dictó el sobreseimiento de Macri y su esposa, decisión que fue confirmada por la Cámara Federal de San Martín en diciembre de ese mismo año. Posteriormente, la Sala I de la Cámara de Casación Penal declaró inadmisible el recurso de la fiscalía, cerrando el caso.

Desde el entorno del jefe de Gobierno porteño remarcaron que la Justicia ya se expidió en tres oportunidades y que el tema “está agotado”. Señalaron que el dinero provenía de dos préstamos legítimos y que Macri había exteriorizado los fondos mediante el sinceramiento fiscal de 2016, además de demostrar capacidad económica en sus declaraciones juradas ante la AFIP.

El Ministerio Público Fiscal, sin embargo, insiste en que el origen de los 184.000 dólares del préstamo uruguayo nunca fue debidamente acreditado y que el sobreseimiento fue prematuro. La decisión de la Corte, ahora en manos de los conjueces, definirá si el caso se reabre o queda definitivamente cerrado.