“No puede expedirse sobre un tema tan polémico en plena ebullición social”, sostuvo un miembro del órgano, quien además agregó: “La Corte se expedirá de manera favorable al respecto porque ya cuenta con el aval de la mayoría de los ministros y resulta una prioridad para el presidente del Tribunal (Ricardo Lorenzetti)”.

Entre los detalles del futuro fallo, que estaba previsto para el segundo semestre del año, se contemplará “la despenalización para consumo personal expresada en casos particulares y priorizando el derecho a la salud y rehabilitación de los adictos”. “Esta Corte no criminalizará a los consumidores, por lo contrario, pretende protegerlos”, sostuvo a este diario un funcionario del alto Tribunal.

El ministro Carlos Fayt salió ayer a poner paños fríos a la polémica y destacó “la necesidad de meditar sobre la despenalización”. “Necesitamos tiempo de análisis”, recalcó.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, desde el inicio de su gestión como ministro de Justicia, impulsa la modificación de la ley nacional antidrogas para que se despenalice la tenencia para consumo personal y que “los adictos reciban tratamiento, no sólo desde el Estado, como garante de políticas sanitarias, sino también del sistema privado de salud”, según expresó Fernández al inaugurar el jueves la I Conferencia latinoamericana antidrogas. Allí se anunció también que un grupo de expertos acompaña al Poder Ejecutivo en este proyecto que elevarán al Congreso para su análisis y discusión.

En tanto, en la Corte Suprema afirman que “la preocupación prioritaria de los ministros radica en el paco, que ya es un mal que no tiene remedio entre los que menos tienen y que destruye las neuronas y el futuro de miles de chicos y adolescentes”.

EL CONSEJO, EN LA LISTA

En lo que resta de la agenda anual de la Corte Suprema, otra prioridad levantará polvareda: el tratamiento de la inconstitucionalidad o no de la ley que reglamenta al cuestionado Consejo de la Magistratura, encargado de sancionar, nombrar y remover jueces. Existen actualmente tres denuncias impulsadas por asociaciones de abogados, entre ellas, el Colegio Público de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la supuesta vulneración a los principios y garantías constitucionales en el funcionamiento de la magistratura.

Hasta ahora, la resolución que tomaron los jueces supremos fue juntar pruebas, aunar las tres causas en una y elevarla para la intervención del procurador general de la Nación, Esteban Righi, como paso previo al análisis y resolución de la causa federal. Aunque voceros del alto Tribunal niegan la posibilidad de que Ricardo Lorenzetti asuma la presidencia del Consejo, como máximo representante del Poder Judicial, muchos juristas y entidades avalan esta postulación que incluso está contemplada en varios proyectos de ley que se encuentran en el Congreso para debate.