El juez Norberto Oyarbide dedicó 641 páginas a justificar su investigación sobre una red de espionaje ilegal que funcionaba dentro de la estructura del gobierno porteño. Ayer se conocieron los fundamentos de la polémica decisión que el magistrado firmó el viernes pasado cuando procesó a Mauricio Macri como miembro de una asociación ilícita que pinchaba teléfonos.

Esa matriz -siempre según los investigadores-, incluye, entre otros, a quién era jefe de la Policía Metropolitana, Jorge Palacios y al espía Ciro James, que fue miembro de la Federal, contratado por el Ministerio de Educación en la gestión Macri, y candidato firme a entrar a la nueva fuerza de seguridad porteña. Ambos están detenidos y procesados con el aval de la Cámara Federal.

El escrito detalla con precisión cada uno de los elementos que tiene Oyarbide para sostener que todos eran parte de una organización que escuchó ilegalmente las conversaciones telefónicas de varias personas. Con este fin, utiliza cruces telefónicos, seguimiento de los movimientos de James a través de las antenas de compañías celulares y contradicciones en testimonios que están en la causa.

De todas las pinchaduras que constan en el expediente, a Macri le endilga dos. Las que se hicieron a su cuñado, Néstor Daniel Leonardo y al dirigente de la Asociación de Familiares de Víctimas de la AMIA, Sergio Burstein. De hecho, esta causa comenzó cuando Burstein recibió un llamado anónimo advirtiéndole que lo estaban escuchando.

En el caso de Leonardo, el expediente muestra que nueve de las catorce veces que el espía James fue a buscar los cassettes a la Side con las escuchas del cuñado del Jefe de Gobierno, después fue tomado por las antenas celulares en la zona de Barrio Parque. Allí vive no sólo Mauricio Macri, sino también su padre Franco, quién nunca fue citado a declarar en esta causa a pesar de que escribió una solicitada asegurando que él mando a investigar al marido de su hija Sandra.

El mecanismo para pinchar tenía una cobertura legal avalada por jueces federales de Misiones y la policía de esa provincia. Lo concreto es que justo al día siguiente de que comenzara la pinchadura a Leonardo, se abrió una carpeta en el Ministerio de Educación porteño para contratar a Ciro James.

¿Qué dice el juez sobre el accionar de Macri? Por un lado se dedica a mostrar las inconsistencias en el trabajo que supuestamente prestaba el espía en Educación.

De todas las declaraciones que hay en la causa, no se pudo comprobar una sola labor concreta realizada por James. Por esa razón, fue procesado como encubridor al ex ministro de Educación Mariano Narodowski y citaron a indagatoria a la jefa de gabinete del área, Rosana Barroso, quien tenía a James bajo su órbita.

En este contexto, Oyarbide suma razones y concluye que: "Macri tomó parte en esta organización criminal, dotando a los nombrados no sólo de una paga segura mensual, sino del carácter de funcionarios públicos locales, es decir, intentó enmascarar a ciertos componentes del "aparato paraestatal de espionaje"".

A la hora de unir la escucha a Burstein con Macri, Oyarbide encontró un interés político debido no sólo a la oposición de Burstein a la designación de Palacios en la Metropolitana sino también a la inminente resolución judicial en contra del policía en la causa AMIA en donde el dirigente era querellante: "el dictado de una resolución desfavorable respecto de su jefe de policía podría ser entendido como una complicación a en el proyecto tal vez más ambicioso de su administración".

Fuente: Diario Clarín