La disputa por el control institucional y contable de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un capítulo político luego de que el gobierno bonaerense, Axel Kicillof, reconociera formalmente su nuevo domicilio en la calle Mercedes 1366, en el partido de Pilar. La decisión se conoció pocas horas después de que la Inspección General de Justicia (IGJ) solicitara la designación de veedores para examinar los estados contables de la entidad que preside Claudio Tapia.

El reconocimiento fue dispuesto por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ), que dio por concluido el trámite de cambio de jurisdicción y la reforma del estatuto social. La resolución dejó asentado que la sede social se fija en Mercedes 1366 de Pilar y que la sede deportiva continúa en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.

El texto oficial es categórico: «Tómese razón de la finalización del trámite de cambio de jurisdicción – reforma de la Asociación del Fútbol Argentino, con sede en el Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires”.

La medida provincial se produjo pese a que inspectores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la IGJ constataron que en la dirección declarada no funciona ninguna oficina administrativa y describieron el lugar como un baldío. Aun así, la Provincia no condicionó la inscripción a esa verificación y dio por válida la radicación.

La IGJ -a cargo de Daniel Vítolo., difundió una resolución en la que pidió la designación de veedores. En el documento se indicó: «Ante la falta de presentación en tiempo y forma de la documentación requerida vinculada a los estados contables y demás información complementaria, corresponde solicitar la designación de veedores a fin de proceder al examen integral de la documentación social y contable». El organismo aclaró que la medida no implica una intervención, sino un mecanismo de control previsto por la normativa.

Desde la AFA sostuvieron que, tras la inscripción en la Provincia, la IGJ perdió competencia sobre la entidad. En un comunicado oficial afirmaron: «La resolución analizada expresa de manera categórica que, a partir de dicha inscripción, la Inspección General de Justicia carece de legitimidad y jurisdicción para expedirse sobre el cambio de domicilio o ejercer control de legalidad respecto de la reforma estatutaria, por haber perdido el poder de policía sobre la entidad». Y añadieron: «En consecuencia, la Asociación del Fútbol Argentino se encuentra fiscalizada exclusivamente por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, careciendo la Inspección General de Justicia de competencia o poder de policía sobre la entidad”.

El trasfondo excede lo administrativo. Con esta decisión, la gestión de Kicillof respaldó institucionalmente a la conducción de la AFA en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades contables. La simultaneidad de las resoluciones abrió un conflicto de competencia entre Nación y Provincia que, de profundizarse, podría derivar en una judicialización.

El lunes se resolvió que los clubes del fútbol argentino harán un paro en respaldo a Tapia y la AFA, en medio del avance de la causa por la presunta evasión de impuestos de la entidad deportiva, que se inició luego de una denuncia del ARCA. La medida comenzará el jueves 5 de marzo y se extenderá hasta el domingo 8, por lo que se postergará la novena fecha del Torneo Apertura.