El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, postergó el ingreso a la Legislatura del proyecto de Presupuesto 2026 y de la Ley Impositiva, pese a que el plazo constitucional expiró el pasado 31 de agosto. La decisión se fundamenta en la falta de precisiones sobre las proyecciones económicas nacionales, que aún debe dar a conocer la gestión de Javier Milei.

La confirmación llegó mediante una nota firmada por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, dirigida al presidente de la Cámara de Diputados provincial, Alexis Guerrera, y a la vicegobernadora y titular del Senado, Verónica Magario.

Allí se especifica que «para la elaboración de los proyectos es preciso disponer de información que proviene del Presupuesto de la Administración Nacional, a fin de tener certeza sobre aspectos relevantes relacionados con el contexto económico global y las proyecciones macroeconómicas».

En ese sentido, el documento presentado en la Legislatura advierte que la Provincia «no puede definir de manera seria ni los niveles de ingresos tributarios ni el alcance de las erogaciones» sin antes conocer el marco nacional que adoptará la administración libertaria. Los fondos coparticipables, que representan una porción determinante del financiamiento bonaerense, dependen directamente de esa ley nacional.

El Ejecutivo provincial calcula que recién hacia finales de septiembre podrá remitir el texto definitivo, dado que la Nación tiene plazo hasta el 15 de este mes para elevar su Presupuesto en el Congreso. No obstante, la demora genera tensiones políticas: la semana pasada, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, había asegurado que el proyecto se enviaría en «tiempo y forma» como en años anteriores, y pidió a la oposición que acompañe la propuesta. También advirtió que «no utilicen el tratamiento de la ley de leyes como herramienta de bloqueo», resaltando que busca sostener áreas clave como salud, educación y obra pública.

El Gobierno provincial adelantó que planea introducir un paquete de medidas complementarias para proteger la inversión en obra pública, con nuevos instrumentos financieros que requerirán aval legislativo. Según sostienen en La Plata, se trata de una respuesta al «abandono» de la administración nacional en ese sector.