La reciente aprobación de la ley de eutanasia en Uruguay, que convirtió al país vecino en el primero de América Latina en legalizar la muerte asistida, reactivó el debate en Argentina. En ese contexto, el diputado mendocino por la Unión Cívica Radical (UCR), Julio Cobos, presentó un nuevo proyecto en la Cámara de Diputados para legalizar la eutanasia y el suicidio asistido, con el objetivo de mantener vigente la discusión parlamentaria y avanzar hacia un marco legal que contemple el derecho a morir dignamente.

“Presentar el proyecto es una manera de insistir con el tema y lograr que haya una iniciativa nueva que conserve estado parlamentario durante dos años”, explicó Cobos, quien reconoció que la sanción en Uruguay fue un impulso para volver a plantear la propuesta.

La iniciativa contempla dos modalidades: la eutanasia activa, en la que un médico administra directamente la sustancia que provoca la muerte del solicitante, y la muerte asistida, en la que el profesional prescribe la medicación y el paciente se la autoadministra. En ambos casos, se exige que el solicitante sea mayor de edad, capaz, y que padezca una enfermedad grave e incurable o un sufrimiento crónico e insoportable.

Entre los puntos centrales del proyecto se destacan:

• Consentimiento informado, voluntario y consciente, expresado en al menos dos ocasiones distintas.
• Procedimientos de control para garantizar el cumplimiento de las normativas y proteger a los profesionales de la salud.
• Objeción de conciencia individual e institucional, con la obligación de derivar al paciente a otro profesional o centro que garantice el acceso al procedimiento.
• Distinción clara entre eutanasia y muerte asistida, según quién administre la sustancia.

Cobos argumentó que esta propuesta es una extensión de la autonomía individual ya reconocida en la Ley de Muerte Digna sancionada en 2012, que permite rechazar tratamientos médicos en casos terminales. “El derecho a una vida digna debe incluir también el derecho a una muerte digna”, sostuvo el legislador.

El proyecto se suma a otras iniciativas que fueron presentadas en años anteriores pero que perdieron estado parlamentario. La nueva propuesta busca consolidar un marco legal que regule estas prácticas bajo estrictos protocolos médicos, éticos y jurídicos, y que garantice tanto la voluntad del paciente como la protección de los profesionales involucrados.