El ministro de Justicia y Derechos Humanos manifestó, en diálogo con radio Continental, que "el Estado nacional va a apelar este fallo" por el que "se pretende dictar la inconstitucionalidad de una ley absolutamente constitucional".

Tras refutar a quienes afirman que la Justicia es la que interpreta la Constitución, aseveró que "el primer intérprete es el Congreso de la Nación y el último es el Poder Judicial".

Ayer, a última hora, Servini de Cubría declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2, 4, 18 y 30 de la Ley 26.855 del Consejo de la Magistratura y del decreto 577/13 que convoca a elección por medio del voto popular de los consejeros que representan a abogados, jueces y académicos.

En ese marco, el ministro señaló que la decisión de la magistrada es de "gravedad institucional" porque "se le está impidiendo al pueblo el ejercicio de su derecho soberano", y aunque admitió que aún "lo estamos analizando", consideró que la apelación del Poder Ejecutivo contra el fallo "debe ir por el lado del per saltum", que llevaría el caso directamente a la Corte Suprema de Justicia.

El funcionario consideró que el pronunciamiento se corresponde con un "esquema corporativo, aristocrático y pre democrático" y advirtió que "donde no hay democracia, hay aristocracia".

En ese sentido, subrayó que "el Poder Judicial no es de los jueces ni de los abogados, es del pueblo y por tanto el pueblo tiene derecho a elegir a quienes lo representen en el Consejo de la Magistratura".

Señaló luego que los poderes Ejecutivo y Legislativo "tienen legitimidad democrática de origen" y, tras diferenciarlos del Judicial que "arrastra desde su diseño constitucional un déficit democrático", destacó que "en ningún lugar del artículo 114 de la Constitución dice que el pueblo no puede elegir a sus representantes y a los abogados y a los jueces".

El ministro estimó que la apelación de Gobierno contra el fallo de Servini de Cubría "tendría que ser entre hoy y el viernes, no más allá" y se manifestó confiado en que la Corte Suprema se va a expedir "favorablemente" a la postura gubernamental porque "la Constitución no es solamente la interpretación restrictiva del artículo 114 sino que "implica también otros artículos que hablan de que el acceso a los cargos públicos debe ser un derecho que los ciudadanos puedan votar".

Alak señaló que tras la apelación del Poder Ejecutivo, la norma rechazada por Servini de Cubria "quedará absolutamente vigente", a pesar de las medidas cautelares dictadas por jueces "sin competencia para ello", y consideró que en caso de un pronunciamiento negativo de la Corte a la presentación del Gobierno "lamentablemente el pueblo no va a poder elegir a sus representantes".