Por Antonela Galiani y Sabrina Fernández

El concepto de seguridad ciudadana se ha convertido, en los últimos tiempos, en un término mediatizado. Los medios se han vuelto el espacio por excelencia en el que se da un debate recortado, que privilegia siempre una única acepción: la de la seguridad vinculada a los hechos delictivos. Sin embargo, esta utilización del término sólo remite a un uso restringido y deja afuera a uno más amplio, que incluiría los factores que, generalmente, llevan a infringir la ley: la falta de acceso a la educación y a la salud, la pobreza y las adicciones, entre otros.

Y en el marco del debate sobre cómo afrontar el problema de la inseguridad, que llevó, entre otras cosas, a la reciente sanción de la ley antisalideras, se inscribe la disputa de qué hacer con los chicos y adolescentes que infringen la ley penal. Según la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, los menores de 18 años cometieron el 4,1 por ciento de los delitos investigados en el primer semestre de 2010 y según los Fueros de Responsabilidad Penal Juvenil, entre enero y junio de este año hubo más de 13 mil investigaciones abiertas en las que están involucrados menores y 330 mil en la provincia de Buenos Aires.

¿Cómo es el régimen penal juvenil actual?, ¿qué garantías tienen los menores que delinquen?, ¿cuál es el rol que ocupa el Estado?, ¿cómo se vive en los institutos de menores?, preguntas frecuentes que llevaron a LaNoticiaWeb a realizar una investigación sobre el tema.

LEY 22.278: EL RÉGIMEN PENAL IMPUESTO POR LA DICTADURA

Algo en lo que coincidieron todas las fuentes consultadas es que el decreto-ley 22.278, que rige el sistema penal juvenil desde 1980, debe ser reemplazado cuanto antes, ya que es violatorio de los derechos humanos de los niños y contradice la Convención por los Derechos del Niño (CDN) que fue agregada a la Constitución nacional a través de la ley 26.061, de Protección Integral de los derechos, Niñas, Niños y Adolescentes.

Actualmente, los menores de 16 años son totalmente inimputables y los de entre 16 y 18 son punibles respecto de los delitos de acción privada. En virtud de la ley de la dictadura, los chicos que infringen la ley quedan inmediatamente a disposición de un juez de menores, quien decidirá su futuro, sin posibilidad de acceso a un proceso en el que tenga derecho a una defensa.

Y a esta falta de garantías, se le suman las pésimas condiciones en las que se encuentran los institutos de menores, las torturas a las que frecuentemente son sometidos los chicos, la falta de trabajo interdisciplinario y las escasas posibilidades de recuperación de los menores que pasan por los centros.

Por otro lado, los especialitas denuncian el uso generalizado de la presión preventiva: el 70% de los jóvenes alojados en los institutos de menores están en esta situación, incluso pasado el tiempo establecido. Al respecto, el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) presentó un estudio que indica que más de la mitad de los jóvenes se encuentran bajo la figura de prisión preventiva desde hace seis meses y un 11 por ciento, desde más de un año.

PENSANDO EL FUTURO

Esto, sumado al debate mediático por la inseguridad y a la preocupación de la sociedad, llevó a algunos legisladores a generar nuevas propuestas para modificar el régimen penal actual y hacerse voz de un problema que está sobre el tapete.

El año pasado el Senado dio media sanción a un proyecto presentado por los diputados Sonia Escudero, Gerardo Morales y Marita Perceval, que entre otras cosas propone bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, y el pasado 21 de septiembre la Comisión de Legislación Penal de Diputados firmó un dictamen consensuado entre legisladores de los partidos GEN, Proyecto Sur y Frente para la Victoria, que no modifica el tope mínimo de edad de punibilidad actual.

“El sistema que tenemos ahora viola la Convención sobre los Derechos del Niño y los chicos ni siquiera tienen el derecho a probar si son inocentes respecto de los delitos que se le imputan. El Estado debe involucrarse y decir ‘Aquí tenemos un problema, analicémoslo para que este niño no vuelva a cometer un delito’”, afirmó a LaNoticiaWeb Escudero.