La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires avanza en el tratamiento de dos proyectos clave impulsados por el jefe de Gobierno Jorge Macri: la creación del Servicio Penitenciario de CABA y la Ley de Ejecución de Pena. Ambas iniciativas forman parte de la estrategia de traspaso de competencias desde Nación hacia la Ciudad, en un movimiento que busca consolidar la autonomía porteña en materia de seguridad y justicia.

El debate, que se desarrolla en comisiones conjuntas de Justicia (Inés Parry), Legislación del Trabajo (Matías Barroetaveña), Seguridad (Gimena Villafruela) y Asuntos Constitucionales (Hernán Reyes), expuso las tensiones entre el enfoque punitivo y las políticas de reinserción social. El subsecretario de Política Criminal de la Ciudad, Leandro Halperin, defendió el proyecto oficialista y propuso que cada persona privada de libertad cuente con un “Plan de Vida” que articule educación, trabajo, salud y cultura.

La discusión, sin embargo, trascendió lo técnico y se convirtió en una pulseada política sobre el modelo penitenciario que quiere construir la Ciudad. Desde sectores opositores y organizaciones sociales se advirtió que el traspaso de competencias no puede implicar una “municipalización del castigo” sin garantías de derechos humanos.

Marta Laferriere, directora del programa UBA XXII, fue enfática: “La educación es un pilar absolutamente necesario si pensamos en una transformación; se trata de construir ciudadanos”. En la misma línea, el abogado Carlos Adolfo Álvarez reclamó control legislativo sobre la implementación del sistema y propuso ampliar las audiencias telemáticas para evitar traslados costosos y riesgosos.

El pastor Osvaldo Carnival pidió incorporar la capellanía interreligiosa como parte del acompañamiento espiritual en las cárceles, mientras que Rocío Jara, referente del MTE y ex detenida, exigió políticas con perspectiva de género: “Las mujeres seguimos sosteniendo familias desde la cárcel. Es fundamental garantizar derechos de nuestros hijos y acompañar en el arresto domiciliario”.

Mariano Bocassi, también del MTE, celebró la convocatoria pero advirtió: “No es lo mismo irse a la calle que irse en libertad. La educación y el trabajo deben estar en manos de los ministerios civiles, no del servicio penitenciario”.

El oficialismo busca aprobar los proyectos antes de fin de año, en medio de un clima político marcado por la disputa con Nación por el control de funciones clave. Para Jorge Macri, el sistema penitenciario propio es una pieza central en su modelo de gestión de seguridad. Para la oposición, el desafío es garantizar que esa autonomía no se traduzca en un retroceso en derechos.