Por Aníbal Ibarra, ex Jefe de Gobierno y diputado por el Frente Progresista y Popular, para Tiempo Argentino.

Cada gobierno tiene su agenda y sus prioridades. A ellas les destina recursos y voluntad política. A las que no le interesa las deja, las abandona, las desfinancia. Después de cuatro años puede decirse sin dudarlo que la construcción o el financiamiento de viviendas sociales no forma parte de las prioridades del actual gobierno de la Ciudad. El vaciamiento presupuestario del Instituto de la Vivienda a lo largo de estos años es un claro ejemplo de esa afirmación.

Las decisiones políticas que tomaron sobre el inmueble de la calle Gascón 123, también. Desde el año 1983, la estructura de hormigón hasta entonces abandonada –y que había sido expropiada por el Estado porteño para afectarla al Corredor Verde del Oeste– fue ocupada por familias sin techo. Durante mi gobierno, distintos organismos ratificaron la viabilidad de destinarlo a vivienda social y la compatibilidad de esa finalidad con el techado del ferrocarril Sarmiento. Incluso se preparó una licitación para realizar en el inmueble arreglos y refacciones.

Al abandonarse las obras del Corredor Verde del Oeste durante las gestiones de Telerman y Macri, el proyecto de vivienda social cayó en el olvido. La Legislatura retomó ese objetivo y sancionó por unanimidad en 2007 la Ley 2.740 a fin de que el inmueble de Gascón 123 sea destinado a vivienda social.

Macri, que tiene otra agenda y otros objetivos, vetó la ley y ratificó así que para él los inmuebles o predios destinados a viviendas sociales son bienes a ser vendidos. Idéntico criterio utilizó con el inmueble de Mario Bravo 143 también destinado por la Legislatura a vivienda social que luego del veto lo incluyó en una lista de inmuebles a ser vendidos.

Parecen criterios propios de una inmobiliaria y no de un gobierno que debe atender una problemática social cada vez más grave. Hoy, más de 50 familias luchan contra un desalojo ordenado por un gobierno que pese a su gran presupuesto no invirtió en construcción y financiamiento de viviendas sociales. Hasta la aprobación de la ley de la diputada Naddeo, el macrismo no aceptaba que esas familias sigan viviendo en el lugar en el que lo hacen desde hace décadas. Esperemos que la venta de patrimonio público deje de estar más arriba que los problemas sociales y la falta de viviendas. Esperemos que la ley no sea vetada.